«La investigación ha de tender a asimilarse en detalle la materia investigada, a analizar sus diversas normas de desarrollo y a descubrir sus nexos internos. Sólo después de coronada esta labor, puede el investigador proceder a exponer adecuadamente el movimiento real». (Karl Marx; El capital, 1867)
Antes de la pandemia del COVID-19 [Coronavirus] que asoló España en marzo de 2020, asistimos a un bochornoso debate educativo sobre el llamado «pin parental» en la escuela pública. Un cruce de ideas tanto de la derecha tradicional como de la «izquierda» burguesa y aburguesada que sobrepasó lo cómico, contando, para variar, con un nivel paupérrimo de argumentación en ambas bancadas. Ahora, el debate se ha reabierto por la cuestión de la nueva ley de educación, la Ley Celaá, impulsada por el gobierno del PSOE-Unidas Podemos y llamada así por la Ministra de Educación Isabel Celaá. Llegamos aquí cabe preguntarse varias cuestiones:
¿Qué aspectos tiene la nueva ley educativa?
¿Existe acaso un rigor científico en la educación actual?
¿Es o puede ser neutral la educación, sin sesgos ideológicos?
¿Qué papel juegan el feminismo y el posmodernismo en los centros educativos?
¿Es el pin parental un método nuevo y extraordinario en la educación española?
¿Se puede confiar en un gobierno burgués para mejorar la educación o defender la ciencia?
¿Por qué modelo deben apostar los marxistas en el tema educativo en la nueva sociedad que ha de venir?
¿Qué aciertos y errores hubo en la experiencia educativa soviética?
Todas estas preguntas y mucho más se resolverá en el desarrollo de este documento. Pero antes de comenzar, aclaremos una vez más:
«¿Por qué es importante tener voz propia en este tipo de temas?
Primero, porque no se puede confiar en las posiciones de la burguesía y sus representantes.
Cuando los marxistas apoyaron la introducción de la jornada laboral de ocho horas en España, coincidían con muchos líderes del sindicalismo reformista y muchos burgueses filantrópicos, sin creer que por ello hubiera que caer en el economicismo que dichos jefes profesaban ni en las ideas utópicas de los segundos. Cuando el Partido Comunista de España (PCE) apoyó la reforma agraria del gobierno republicano-socialista, eso no le excluyó ser muy crítico con sus límites y la lentitud en su implementación.
Cuando, en los 80, el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Felipe González propuso leyes que despenalizaban el aborto y legalizaba el divorcio, no significaba que el Partido Comunista de España (marxista-leninista) no tuviera profundas reservas en cuanto a las facilidades para garantizar dichos derechos. Del mismo modo que cuando el PCE (m-l) votó NO a la Constitución de 1978, como también hicieron agrupaciones fascistas como Fuerza Nueva, no significaba que padeciera de una deriva falangista.
Cuando la derecha del PP de Aznar propuso investigar en los 90 los diversos casos de corrupción del PSOE de Felipe González, los comunistas estuvieron de acuerdo, aún sabiendo que dichas propuestas de investigación y sus medidas punitivas no tendrían un castigo adecuado ni servirían para paliar un problema endémico bajo el capitalismo.
Podríamos seguir con más ejemplos, pero creemos que es suficiente. En ninguno de estos casos los comunistas cayeron en una socialdemocratización ni en un acercamiento a la derecha más reaccionaria. Se puede estar y se estará de acuerdo superficialmente en determinadas propuestas cuando tengan sentido –como puede ser, en este caso, la oposición a la enseñanza de la ideología feminista en los centros educativos–, pero, normalmente, nunca se estará de acuerdo ni en las causas del problema ni en las formas más adecuadas de solucionarlo. Y es aquí donde los marxista-leninistas deben hacer valer su independencia ideológica, poniendo en evidencia al resto, educando a las masas y deslindándose totalmente de la política burguesa.
Si los marxista-leninistas están de acuerdo con que no se introduzca de contrabando el feminismo en los centros educativos, no es porque coincidan con la derecha –huelga decir que muchas agrupaciones de derechas, como PP o Ciudadanos, se consideran feministas, justamente como el partido de izquierdas del gran capital: el PSOE–, sino porque no son cómplices del problema que tiene desde hace décadas la presunta «izquierda» de IU, Podemos y diversos grupos republicanos, los cuales han renunciado a toda línea ideología concreta, arrastrándose al humanismo abstracto, de lo transversal, buscando la aprobación de todos los llamados movimientos de luchas parciales: feministas, nacionalistas, antirracistas, movimiento LGTB, ecologistas y otros.
Hace demasiado tiempo que estas agrupaciones se fusionaron con corrientes antimarxistas, como el feminismo. Podemos e IU certificaron esta postura cuando decidieron cambiar su nombre a Unidas Podemos; cuando, teniendo líderes masculinos, decidieron hablar en las ruedas de prensa en femenino y utilizando el llamado lenguaje inclusivo, causando estupor e incomprensión entre la mayoría de asalariados. Esto es solo un detalle que demuestra hasta qué niveles de degradación ha decidido rebajarse la llamada izquierda constitucional, con tal de arañar un par de votos a través de las corrientes de moda.
El triste hecho de que la lucha contra las teorías más absurdas del feminismo o del colectivo LGTB parezca hoy capitaneada por una formación tan aberrante y ultrarreaccionaria como Vox, cuyos miembros, entre otras lindezas, tratan la homosexualidad como una enfermedad –desoyendo las evidencias científicas– o pretender abolir la posibilidad del aborto –considerándolo, además, pecado–, indica en qué lugar ha quedado hoy la «izquierda» y, sobre todo, el retraso de las fuerzas revolucionarias que antaño denunciaban al feminismo como un movimiento burgués. Por ejemplo, delegar por omisión en manos de Vox un tema tan delicado e importante como dar respuesta al feminismo en la cuestión de la mujer, significa que se van a combatir unas ideas pseudocientíficas, es decir las feministas –que no aciertan a adivinar las causas de la desigualdad histórica entre hombres y mujeres y mucho menos en las recetas para su solución–, con otras todavía más idealistas y retrógradas: las de los fascistas –influidos, entre otras cosas, por una educación católica–. Lo mismo supondría dejar esto en manos de nuestros amigos revisionistas que, desorientados, sostienen los argumentos de una y otra bancada, cayendo ora en argumentos homófobos ora en una idealización del colectivo homosexual». (Equipo de Bitácora (M-L); Antología sobre Reconstrucción Comunista y su podredumbre oportunista, 2020)
Los politicastros de turno dicen cuidar con sumo esmero la educación pública. Juran que sus gobiernos buscan articular sobre ella su modelo de desarrollo de la nación, que las generaciones venideras se podrán forjar en la excelentísima educación española. ¿Se puede decir que hay algo de esto es cierto? ¡Ay de quién se haya creído tal patraña!
Invitamos al lector a indagar durante este y los próximos capítulos sobre los puntos más interesantes de la Ley Celaá. Así podremos evidenciar que el contenido de esta nueva ley de educación dudosamente se puede calificar de avance progresista, incluso en los puntos que a priori lo son.
¿Qué hay de la inversión? La nueva ley promete orgullosa:
«Incremento progresivo de puestos escolares en la red pública. Los municipios cooperarán en la obtención de los solares necesarios para construir centros públicos». (El Confidencial; ¿Qué cambios propone la ley Celaá? De la educación especial a los colegios concertados, 23 de noviembre de 2020)
Quienes creen defender, con medidas análogas a la citada, un interés en aras del progreso histórico desconocen los hechos. La defensa de la educación pública se ha convertido en un mantra de las organizaciones sociales populares desde hace décadas –en especial desde la aprobación de la LOMCE en 2013–, destinado –en teoría– a defender una educación alejada de las garras de las empresas privadas y de sus intereses.
Pero las escuelas son, en el sistema capitalista, empresas a fin y al cabo. Todas ellas, públicas o no, funcionan encajadas en el sistema de producción e intercambio de mercancías. Los alumnos no son más que mercancía fuerza de trabajo en potencia. Los materiales con los que se imparten las clases son, obviamente, mercancías. De este modo, toda institución de enseñanza tiene como primer mandamiento, para poder seguir existiendo, estar destinada a la producción de beneficios; sea pública o privada. Y, del mismo modo, todas ellas están controladas por el interés el lucro, la máxima rentabilidad posible, que en la absoluta mayoría de los casos tropieza con el desarrollo de una educación de calidad para los alumnos y unas condiciones dignas para el profesorado y el personal de mantenimiento, pese a ser supuestamente un servicio público nacional.
Cuando la ley Celáa afirma triunfante que aumentará el presupuesto para las escuelas públicas nos están intentando distanciar de dos hechos. En primer lugar, hacer la distinción entre escuela pública y privada demuestra que las segundas siguen proliferando en España con total impunidad y sin excusa. Y, en segundo lugar, están procurando convencernos de que las escuelas públicas son una suerte de santo grial donde el interés privado, del mercado, no puede dejar sus huellas dactilares. ¡Nada más lejos de la realidad!
Que la educación es un negocio dinámico y jugoso para los capitalistas es algo bastante fácil de intuir dado los cambios tecnológicos y exigencias –reales o ficticias– que se han impuesto con los años en la educación:
«Las posibilidades de negocio son muchas: softwares educativos, ordenadores para clase, tabletas, pizarras digitales, cursos, academias, plataformas de gestión, aplicaciones, herramientas educativas, educación online o consultorías educativas son los nuevos campos abonados para la colaboración público-privada o la inversión puramente privada, hablando en neolengua. Un ejemplo: en 2011 se descargaron 270 millones de aplicaciones gratuitas –que no cuestan dinero– relacionadas con la educación y otros 36 millones de pago, según McKinsey. Las grandes multinacionales, como Google o IBM o HP se han tirado de cabeza al sector con tácticas similares. (...) Sobre el cómo hemos llegado hasta aquí hay versiones, según a quién se pregunte. Una corriente de opinión ve todo un plan elaborado que viene desde hace más de dos décadas, que incluye lobbies, informes y una búsqueda casi desesperada de nuevos mercados. Entre ellos se encuentra Beatriz Quirós, catedrática de instituto jubilada y miembro del sindicato STES. Otros, como el profesor Antoni Verger, de la Universidad Autónoma de Barcelona, son más escépticos. «Sí, se habla de los lobbies, de un informe de 1998... Pero es tan difícil acceder a información y datos que no sabemos el impacto que pudieron tener esos informes», sostiene. Lo que nadie duda, tampoco él, es del negocio educativo». (El diario.es; 20 años de mercantilización de las aulas: cómo pasamos de pensar en educar a pensar en ganar dinero 1 de febrero de 2020)
¿Cómo podríamos resumir la intención de los gobernantes respecto a la educación, la interrelación entre centros educativos y empresas? Demos la palabra a una profesora:
«Como explica Carmen Rodríguez, profesora de la Universidad de Málaga y miembro del Foro de Sevilla: «Solo importa el resultado educativo, no los procesos. Lo mejor para nuestros hijos ya no es una educación como bien social que forme ciudadanos, sino que vayan a las mejores escuelas. En la base de todo esto están las evaluaciones y la competición entre escuelas y entre estudiantes». La escuela enseña lo que le interesa a la empresa y la empresa se acerca a la escuela y la financia». (El diario.es; 20 años de mercantilización de las aulas: cómo pasamos de pensar en educar a pensar en ganar dinero 1 de febrero de 2020)
Tomemos el asunto de la escuela desde el plano histórico y hagamos un repaso comprensivo del mismo para ilustrar lo que hemos alegado.
La escuela pública del régimen franquista no solo implementó el espíritu del nacional-catolicismo mediante los libros de texto y un fuerte control del profesorado, sino que durante sus primeros años estaba lejos de ser una escuela universal y de calidad. Entre tanto, hubo una gran financiación y expansión de la educación privada. En realidad, era esta, coto de la Iglesia, la que preparaba a los futuros políticos y empresarios del sistema a través de sus escuelas, principalmente del Opus Dei. Es en el tardofranquismo, con la Ley General de Educación de 1970, cuando podemos observar que el franquismo empieza a profesionalizar su educación pública y se empieza a parecer a lo existente hoy: escolarización general, instauración de la educación mixta, una etapa preescolar que no era concebida como una mera etapa asistencial –aunque aún no era obligatoria–, permisión del estudio de una segunda lengua en las regiones, inclusión de los niños con capacidades especiales, etcétera. Bajo la democracia burguesa, fue el gobierno del PSOE de Felipe González quien abrió la puerta a las escuelas concertadas en 1985, empresas privadas de la educación financiadas con dinero público:
«Para entender en toda su amplitud el concepto de escuela concertada hay que remontarse a 1985 y a una época protagonizada por el gran aumento demográfico que experimentó la población española. El fenómeno conocido como el «baby boom» fue el argumento utilizado precisamente por el Gobierno socialista de Felipe González para explicar esta creación necesaria porque la red pública era incapaz de asumir el volumen de niños que se iba a sumar al sistema educativo en los próximos años. Así quedó recogido precisamente en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio. (...) Este mismo espíritu se mantuvo años después con la puesta en funcionamiento de la LOMCE en 2013. El Gobierno del PP mantuvo las directrices marcadas en las anteriores leyes educativas, garantizando así la posibilidad de ampliar la red de colegios concertados apoyado en «la demanda social» que había generado esta red entre las familias españolas». (La Voz de Cádiz; La concertada, un invento del PSOE que pasó de subsidiario a complementario, 1 de junio de 2020)
Las justificaciones de los socialistas son desternillantes; en lugar de una atención planificada de la demanda de ampliación de la educación pública con la consecuente reducción de gastos innecesarios, el gobierno del PSOE decidió quitarse de encima el problema abriendo la gestión al sector privado. Hoy, y a pesar de sus promesas de revertir la situación –que no son más que amagos populistas–, continúan por este camino.
En el contexto de debate que se estaba produciendo estas semanas, PSOE, Unidas Podemos, Teruel Existe, ERC y Mas País aprobaron una enmienda transaccional para la «ley Celaá» que, en esencia, contemplaba que la educación sería garantizada solo mediante «plazas públicas», excluyendo las escuelas concertadas. Finalmente, esto quedó en nada. ¡Vaya! ¿Por qué?:
«PSOE y Podemos han virado su posición respecto a la escuela concertada. El martes pactaron con ERC una enmienda para eliminar la exclusión de este tipo de enseñanza de la recepción de fondos adicionales para adaptarse a la epidemia del coronavirus. (...) Está claro que la supresión del veto a la concertada, una exclusión que había provocado las críticas de las patronales del sector y la jerarquía eclesiástica, no ha sido suficiente para que los partidos que forman el Gobierno reunieran los apoyos necesarios». (El País; La rectificación de PSOE y Podemos sobre el veto la escuela concertada no logra salvar la parte social del plan de reconstrucción, 22 de julio de 2020)
¿Cómo se puede confiar en que dicho gobierno cree y defienda una red de escuelas y profesorado competente si es el mismo que puso en marcha la privatización de las empresas de automóviles, carburantes, telefonía, gas natural, autopistas, loterías, etc.? Señores, repasen la historia para, al menos, saber en quién depositan su confianza.
Que todavía hoy los sindicatos de profesores y estudiantes sigan el juego a este «gobierno del cambio» supone olvidar que fue el PSOE, y no otro, el que precipitó las huelgas de estudiantes y profesores más grandes vistas desde el franquismo:
«[La huelga de 1988] Tuvo lugar en la primavera de ese año, meses antes de la gran huelga general de noviembre. Fue un paro en la enseñanza media de los centros públicos que duró casi un mes y terminó provocando la dimisión del entonces ministro de Educación, José María Maravall. Entre otras reivindicaciones, la huelga fue motivada para pedir una mejora salarial y de pensiones de los profesores. [Las huelgas de 1990] Fueron convocadas en el ámbito de las enseñanzas medias y la universidad por el Sindicato de Estudiantes los días 22 de marzo y 26 de abril en contra de la LOGSE, aprobada en octubre de ese mismo año, para defender la gratuidad de la enseñanza y reclamar la oferta pública suficiente en enseñanza infantil, el control de prácticas en Formación Profesional, acabar con la masificación, eliminar las pruebas de acceso a la Universidad y mayores inversiones en Educación. Según los convocantes, la protesta del 26 de abril tuvo una incidencia del 95% en centros de enseñanzas medias de las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, Cataluña, Valencia, Rioja, Andalucía y Madrid. La LOGSE supuso un cambio curricular y de metodologías y amplió hasta los 16 años la edad de escolarización. El Sindicato de Estudiantes opinaba que con la ampliación de la enseñanza obligatoria de los 14 a los 16 años se iban a incrementar las subvenciones a la privada —pasarán de los 160.000 millones de pesetas actuales a más de 200.000, decían entonces—, lo que suponía «un ataque y discriminación de la escuela pública». (20 minutos; Así han sido las otras grandes huelgas de Educación en España, 12 de mayo de 2012)
Atendiendo a los datos recogidos por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), España, en 2017, el 66% del presupuesto para la educación superior fue destinado al sector público y, el resto, para el privado, mientras que en la educación no superior fue del 86% para el público frente al 14% para el privado. Pese a todo, el nivel del PIB destinado a la educación pública seguía siendo sensiblemente menor que el de la media de la UE:
«Los recursos educativos merman año tras año, hasta llegar a su peor cuota en 2019, sin que nada asegure que se ha tocado fondo. Si en 2006 la administración destinó el 4,31% del Producto Interior Bruto (PIB) a lo educativo, en 2018 la cifra es del 4,24%, la más baja desde 2006. Comparado con los países del entorno, España es uno de los que menos porcentaje de PIB dedica a la educación, sólo por delante de Grecia, Irlanda, República Checa, Luxemburgo e Italia. El promedio de Europa está por encima del 5%, según datos del Ministerio de Educación». (Sur; España está entre los países que menos invierten en educación, 18 septiembre 2019)
Efectivamente, el incremento de la partida presupuestaria del actual gobierno en educación no lo exime de ser absolutamente insuficiente; de hecho, ni siquiera alcanza los datos de hace diez años:
«El Gobierno del PSOE ha diseñado las cuentas con escuadra y cartabón para poder presumir de que ha doblado los presupuestos del PP. Si Íñigo Méndez de Vigo el año pasado aumentó un 3% el gasto educativo pasando de 2.525 a 2.600 millones de euros, el nuevo equipo del Ministerio lo sube hasta el 5,9% –un total de 2.722 millones–. Si entonces se pusieron sobre la mesa 50 millones más para becas, ahora se añaden otros 150, un 10,2% más.
El gasto es el más elevado en los últimos siete años pero aún alejados de la inversión en educación que existía en 2010, cuando se destinaron 3.092 millones de euros para educación, y a mucha distancia del documento base sobre financiación educativa que se redactó con Ángel Gabilondo. La partida educativa sigue representando sólo el 0,7% de todos los presupuestos, que era lo mismo que ha supuesto con el Ejecutivo de Rajoy». (El Mundo; Presupuestos 2019: un 6% más de gasto educativo y 150 millones más para becas, 14 de enero de 2019)
Sustituyamos ahora la palabra sanidad por educación y veremos que los problemas del sistema público son los mismos –o muy parecidos–:
«He aquí uno de los problemas: aunque hipotéticamente haya un aumento progresivo de los presupuestos y también de los gastos destinados en [educación] pública, puede que estos no necesariamente estén cubriendo debidamente las demandas de la población, como efectivamente ha sucedido, en especial gracias a la contratación de agentes privados por la [educación] pública. Tal afirmación es un silogismo barato. (...) Y, como es evidente, no solo se trata de un incremento progresivo del presupuesto que no llega a cubrir el déficit adquisitivo de los centros [de educación], sino que no hay inversión suficiente como para que la [educación] pública pueda contratar el necesario personal, de mantenimiento y administrativo, así como adquirir lo más avanzado [tecnológicamente]. (...) En consecuencia, el nivel de la [educación] se va degradando poco a poco. ¿A quién beneficia tal degradación? Que el lector juzgue por sí mismo. (…) Debe entenderse, primero, que con el sistema público [educativo], el gobierno –conformado por la burguesía o representantes de la misma– ha gestionado históricamente un servicio nacional que satisface una demanda social básica que ha sido conquistada ya en la mayoría de Estados democrático-burgueses de todo el planeta. La razón principal de la creación y extensión de este sector se debe, por un lado, a las luchas obreras, pero, ante todo, a que la burguesía acabó dándose cuenta de que debía [formar] la mano de obra en condiciones mínimamente decentes para su correcto funcionamiento. Con este sector estatal, la burguesía gestiona los medios de producción –lo que no elimina su competencia, ni el nepotismo, ni las concesiones y negocios con otras empresas privada para la provisión de los centros de salud de todo tipo–, pero cuando estos centros se privatizan, los capitalistas concretos que adquieren su gestión se ven obligados a defender su parcela con mayor celo, ya que no es una gestión colectiva, sino privada en el sentido más estricto. Esto, a su vez, no significa que no necesite de contratos con el gobierno o sus empresas públicas para abastecerse u obtener transporte de pacientes y recursos, por ejemplo». (Equipo de Bitácora (M-L); Algunas consideraciones sobre el COVID-19 [Coronavirus], 2020)
Entre tanto, la destinación de presupuesto para la escuela concertada no ha dejado de aumentar a ritmos vertiginosos:
«Desde 2007 hasta 2017, últimos datos consolidados, el montante que todo el Estado dedica a la Educación ha subido un 4,6%, según datos que el Ministerio de Educación publicados en el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (SEIE). Desglosado, la escuela concertada ganó un 25% de financiación; la pública quedó casi clavada: aumentó un 1,4%.
Esta evolución ha derivado en que el país dedica ahora porcentualmente menos dinero a la educación pública, fondos que han ido a parar a la red privada concertada.
En 2007, España invirtió un total de 47.627 millones de euros en su sistema educativo. El reparto entre escuela pública y concertada era entonces del 89,5% para la primera frente al 10,5% para la segunda.
Diez años después, el presupuesto para Educación llegó a 49.458 millones de euros, tras haber tocado suelo en 2014 con 44.789 millones. La distribución del pastel había cambiado: 87,5% para la escuela pública, 12,5% para la privada». (El diario.es; La financiación de la educación concertada subió un 25% en diez años mientras se estancó la de la pública, 30 de julio de 2019)
La educación privada y concertada ha aumentado en ingresos año tras año:
«En 2005, los 10.550 colegios entre concertados y privados puros ingresaron 6.698 millones de euros por los dos millones escasos de alumnos que tenían, según la encuesta de financiación y gastos de la enseñanza privada del Instituto Nacional de Estadística. En el curso 2017-2018, el número de centros había caído hasta los 8.984, pero el de alumnos había subido alcanzando los 2,4 millones de estudiantes –un 20% más–. Y los ingresos se multiplicaron casi por dos hasta llegar a los 12.475 millones de euros, según un informe de DBK. (...) Los primeros reciben un 70% de sus ingresos de las administraciones, que les pagan por cada alumno. Esta partida ha pasado de 4.353 millones de euros en 2005 a 5.859 millones de euros en 2015, una subida del 34,6%, por encima de la subida del número de estudiantes, que lo ha hecho en un 20%». (El diario; Los colegios privados y concertados han duplicado sus ingresos en 13 años, 5 de mayo de 2020)
La educación es la herramienta de la burguesía para seleccionar a los obedientes tontos útiles y descartar a los que cuestionan los postulados del gran hermano. Los docentes se ponen a la defensiva del alumno porque defienden al banquero.
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