«Es un principio de legitimidad superior a la ley y a la propia constitución empleado por la clase dominante; para aplicarlo invocan el bien del Estado, la nación, o la patria; o lo que es lo mismo, es una intensificación de la validez de determinadas normas o principios respecto de las normas «simples» u «ordinarias» cosechadas gran parte de las veces entre bastidores o en conversaciones privadas de los círculos fácticos, sin ninguna participación de las masas; siendo llevadas posteriormente al parlamento para que el poder legislativo las oficialice, o incluso el ejecutivo. Podemos determinar que se trata de la garantía última de que no se cuestionarán las relaciones y condiciones sociales existentes y con ello al sistema imperante. Por ejemplo: en tiempos de crisis económicas las políticas implementadas se destinan a salvaguardar al sector financiero –lo macroeconómico– en detrimento de las economías familiares –lo microeconómico– invocando la estabilidad económica del país; ejercer el derecho tipificado o no en la constitución del ejército a intervenir para garantizar el orden constitucional puesto en tela de juicio; o como cuando se establecen Leyes de Seguridad Ciudadana que restringen los derechos y libertades bajo excusas de que todo es por garantizar la seguridad y el bien común; contraviniendo en ambos casos leyes fundamentales de las propias Cartas Magnas –constituciones–». (Equipo de Bitácora (M-L); Terminológico, 2013)
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