«El catalán debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje universitaria y en la no universitaria». (Ley de educación de Cataluña, 2009)
Nuestra posición frente al nacionalismo español y catalán es de sobra conocida:
«La pequeña Suiza no sale perdiendo, sino que gana, por el hecho de que en ella, en vez de un idioma único para todo el país, existan nada menos que tres idiomas: el alemán, el francés y el italiano. El 70% de los habitantes son alemanes –en Rusia, el 43% son grandes rusos–, el 22% franceses –en Rusia el 17% son ucranianos– y el 7% italianos –en Rusia, el 6% son polacos y el 4,5% bielorrusos–. Y si los italianos de Suiza hablan con frecuencia el francés en el Parlamento común, no lo hacen obligados por una bárbara ley policíaca –inexistente en dicho país–, sino sencillamente porque los ciudadanos civilizados de un Estado democrático prefieren ellos mismos el idioma comprensible para la mayoría. El idioma francés no inspira odio a los italianos porque es el idioma de una nación libre y civilizada, porque es un idioma que ninguna repugnante medida policíaca impone. (...) Todo el mundo puede darse cuenta de que la burguesía liberal actúa en el problema del idioma común para todo el Estado con la misma deslealtad, hipocresía y torpeza –incluso desde el punto de vista de los intereses del liberalismo– que en numerosos problemas análogos. ¿Qué se deduce de todo esto? Se deduce que cualquier nacionalismo liberal-burgués lleva la mayor corrupción a los medios obreros y ocasiona un enorme perjuicio a la causa de la libertad y a la lucha de clase proletaria. (...) No es marxista, y ni siquiera demócrata, quien no acepta ni defiende la igualdad de derechos de las naciones y de los idiomas, quien no lucha contra toda opresión o desigualdad nacional. (...) El programa nacional de la democracia obrera exige: ningún privilegio para cualquier nación o idioma». (Vladimir Ilich Uliánov, Lenin; Notas críticas sobre la cuestión nacional, 1913)
Según los datos recogidos por el Institut d’Estadística de Cataluña (Idescat) de 2018 sobre el uso habitual del castellano o el catalán se muestra que un 36,1% de la población usa el catalán como lengua habitual y es la lengua con la que se identifican y relacionan; en cambio, el 48,6% de la población lo hace con el castellano, seguido de otros idiomas como el aranés, inglés, árabe, etc. La identificación del catalán como lengua habitual ha disminuido 10 puntos desde el 2003 que era del 46%.
Según los mismos datos del Idescat, un 32,8% de la población de más de 15 años habla solo o muy habitualmente catalán con su familia, y un 47,8% solo o muy habitualmente castellano; con las amistades, los porcentajes son de 29,9% y 42% respectivamente y en el trabajo un 30,4% catalán y un 30,2% castellano.
Estas cifras suponen un enorme contraste con las que determinan la enseñanza del catalán, donde se estima que el 94,4% de la población entiende el catalán, un 85% lo sabe leer y un 65% sabe leerlo y escribirlo, porcentajes que en algunos casos incluso han aumentado respecto a 2003. En cuanto a edades se refiere, los jóvenes en Cataluña tienen un mayor conocimiento del catalán a nivel de lectura y escritura que la gente mayor, y el mismo en cuanto a entenderlo y hablarlo. Esto es debido a que la población de mayor edad en muchas ocasiones no fue escolarizada en catalán, cosa que cambió a partir de los 70.
«El 36,4% del conjunto de la población tiene el catalán como lengua de identificación (…). El 36,3% de la población adulta tiene el catalán como lengua habitual y el 50,7% el castellano». (Racó Catalá; El catalán, lengua habitual en 5 de los 8 ámbitos territoriales de Cataluña, 22 de marzo de 2013)
«Si el 2003, 2.584.900 personas de más de 15 años tenían el catalán como lengua habitual en Cataluña, en 2013 solo eran 2.269.600. Durante el mismo periodo, el castellano pasó de tener 2.650.300 parlantes habituales en Cataluña, a tener 3.172.600. Esto representa, según el estudio, un descenso en el número absoluto de personas que tienen en catalán como lengua habitual, que se ha reducido en 300.000 personas respecto el año 2003». (Vilaweb; El catalán ha perdido 300.000 parlantes habituales en Cataluña en diez años, 8 de junio de2018)
Teniendo en cuenta las variaciones entre diversas fuentes de diferentes años, parece ser que la tendencia es que a nivel educativo se imparte el catalán y la mayor parte de la población lo sabe leer y escribir, cosa que ha ido aumentando con los años, pero a nivel social y laboral su uso es muy inferior al castellano, sobre todo en la zona metropolitana de Barcelona, donde su uso habitual es mucho más minoritario que en el resto de regiones –debido sobre todo a que es una zona turística, con mucha presencia de empresas españolas o extranjeras y con un alto nivel de inmigración que no ha estudiado el catalán–.
Hay un fuerte contraste, por ejemplo, entre la zona de Tierras del Ebro donde un 76% de la población dice usar el catalán de forma habitual respecto al 35% en Barcelona y alrededores. Aun así, el porcentaje de población que sabe leer y escribir en catalán en esta zona es mayor en la actualidad que hace años, y eso teniendo en cuenta los grandes flujos migratorios acumulados en esta zona tanto desde el resto del país como desde otros países.
Si observamos las cifras de inmigración en el Área Metropolitana de Barcelona, que en 2019 eran de un total de 849.405 habitantes respecto al total de 5.664.579, es decir, un 15% de la población total, sumándole los habitantes que residen en Cataluña y que han venido del resto de España, nos damos cuenta de que este contraste entre el catalán y el español es bastante comprensible. Esto significa que a pesar del enorme flujo de inmigrantes españoles o extranjeros e hijos de residentes que habían sido escolarizados en castellano, estos han sido en gran medida integrados y educados en catalán.
Por lo tanto, la reducción del catalán como lengua habitual no es a causa ni de alguna «malvada» política impulsada desde España, ni de una falta de educación en catalán ni, por supuesto, es culpa de la inmigración.
Cataluña, como parte de un país imperialista –y una parte muy rica con una burguesía muy poderosa–, debido a su desarrollo histórico ha acumulado mucha población migrante –sobre todo en las grandes ciudades–, por eso el uso del catalán varía tanto entre pueblo y ciudad. Por ende, el uso del catalán no está siendo aminorado debido al «centralismo español» sino que es debido al propio desarrollo histórico de Cataluña y a la facilidad del uso del español como lengua internacional.
¿Pueden entonces el muy existente chovinismo español y la opresión nacional a Cataluña hacer que el idioma quede completamente asimilado por el castellano? No hay nada que parezca indicar tal cosa. De hecho, tras los múltiples años de represión franquista el catalán no desapareció y después de la muerte del dictador incluso se intensificó su uso.
Si la disminución del uso del catalán no viene por parte de la educación catalana ni de una política directa del gobierno español vamos a ver cómo trata el gobierno burgués catalán la cuestión de la cultura y el entretenimiento.
En Cataluña, la cadena TV3 lidera las audiencias en varias franjas horarias y varios días de la semana, con cuotas de hasta el 14,5% de la audiencia total. En cuanto a radio, las cadenas de noticias y programas en catalán lideran la audiencia:
«Los datos de la tercera ola del Estudio General de Medios indican un aumento del consumo de radio, también en catalán, en relación a las cifras de hace un año. El liderato continúa siendo para la radio en catalán con la primera posición para RAC1, que tiene 866.00 oyentes –834.000 hace un año– y Cataluña Radio, que tiene 641.000 oyentes –563.000 hace un año–. En tercer lugar, la Cadena SER con 421.000 –343.000 hace un año–». (Ràdio Associació de Cataluña, Aumenta el consumo de radio en catalán según el EFM de finales de año, 2 de diciembre de 2020)
En el cine, los espectadores de películas originales, subtituladas o dobladas al catalán han pasado de 488.000 a 573.000, según el mismo Idescat.
Solo hace falta preguntarse si estos índices serían superiores y la cultura en catalán estaría mayormente distribuida si la parte destinada a la cultura de los presupuestos de la Generalitat fuera superior a la irrisoria cifra del 1% –cifra de 2020–. A pesar de las múltiples quejas que los partidos burgueses y pequeño burgueses catalanes lanzan sobre el idioma, la reducción del uso del catalán parece ser más bien resultado del propio desarrollo de las fuerzas productivas en Cataluña, respondiendo a los intereses de la burguesía catalana que, como bien sabemos, son los de reivindicar al más puro chovinista la cultura patria mientras la recortan con sus propios presupuestos y, al mismo tiempo distribuyen el entretenimiento proveniente de multinacionales extranjeras para el consumo fácil y rápido. ¿Hay alguna ley que impida a la Generalitat destinar más dinero a la cultura? ¿No es que la población está educada en catalán, pero no tiene ninguna facilidad para acceder a medios culturales en catalán? No se trata ni de una imposición castellana ni de una falta de conocimiento de la población, sino de los intereses de la burguesía catalana, que están en contra de la propia cultura a la que dicen representar. Esto corrobora que:
«La cultura catalana, sea en los regímenes históricos más censores de España o en otros más permisivos como el actual sistema de las autonomías, nunca ha cesado su desarrollo, y en recientes décadas hemos visto que éste ha sido cada vez más amplio, pero la cuestión versa más bien sobre si la burguesía catalana ha desarrollado o no casi todo lo que podía desarrollar de progresivo para la nación en materia artística, literaria y lingüística bajo mandato burgués. Estamos seguros de lo que respondería un marxista viendo los desarrollos de la burguesía catalana en todos los campos con los estudios sobre pseudohistoria, su chovinismo ideológico, la cultura consumista y totalmente alienante que produce y difunde como un narcótico entre la juventud. (...) Mientras sea la burguesía catalana o española la que detente el Estado y domine los territorios catalanes, la cultura que se irradiará, el modelo económico que se seguirá perpetuando, y la forma política que habrá, será más o menos «puramente catalana», pero burguesa al fin y al cabo, por lo que no supondrá nunca ni una tercera parte de lo que el proletariado catalán podría desarrollar en cuanto a progreso nacional y social si controlase el poder político –en conjunto con otros pueblos bajo el mismo Estado o bajo uno propio–, teniendo la posibilidad de controlar la economía –libre de explotación del hombre por el hombre y sobre otras naciones– y capaz de producir así su propia cultura que sería patriótica a la par que internacionalista –y la hegemónica dentro de la nación–. El resto es palabrería». (Equipo de Bitácora (M-L); Epítome histórico sobre la cuestión nacional en España y sus consecuencias en el movimiento obrero, 2020)
Pasemos a otro tema que debería importar más a estos patrioteros rojos y azules. ¿Qué remedio propone la «burguesía roja» del PSOE y Podemos para paliar el sensible problema del fracaso escolar en España? ¡Muy fácil! Si hay muchos suspensos, decidamos «aligerar los criterios»:
«En España ha repetido en torno al 31% de los alumnos de 15 años, casi el doble que en el resto de países desarrollados. El hecho de que el porcentaje de quienes no consiguen el título de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) alcance al 25% refleja, además, la escasa eficacia de la repetición para mejorar la trayectoria educativa del alumnado, según ha advertido Enrique Roca, presidente del Consejo Escolar del Estado. Además, solo en la ESO la repetición tiene un coste de 3.340 millones de euros al año, según cálculos del Ministerio de Educación. La nueva ley prevé que solo se pueda repetir una vez en primaria y dos como mucho en toda la enseñanza obligatoria, y que lo decida el equipo docente sobre la base de qué será más favorable para la evolución académica del alumno, sin que dependa directamente de haber suspendido más de dos asignaturas. El título de bachillerato también podrá obtenerse «excepcionalmente» con un suspenso si los profesores creen que ha alcanzado los objetivos de la etapa». (El País; Estos son todos los cambios en la escuela que trae la nueva ley educativa, 19 de noviembre de 2020)
¡Y todavía existen pusilánimes que aplauden estas medidas!
Es sumamente vil pretender que algo así pueda solucionar el problema de los alumnos suspensos que se acumulan en los centros de enseñanza año tras año. Este cuello de botella no se debe a que los alumnos aprueben más o menos y, por tanto, la solución no es hacer que los suspendidos, mágicamente, aprueben.
Prosigamos con la medida estrella de la Ley Celáa. Cabe destacar, además de lo ya mencionado, que este tipo de métodos, fundamentados en solucionar la apariencia de los datos –como el de los aprobados totales– en vez de solucionar el problema que lleva, por ejemplo, a la tan alta tasa de suspensos, son medidas que la burguesía utiliza constantemente:
«Estos métodos de privatización [y derivación de la sanidad pública a la privada] son una forma poco sutil de intentar maquillar los resultados sobre ocupación de camas, listas de esperas y otros en la sanidad pública, que se cae a trozos. La burguesía usa en este caso la privatización como usa la emigración y la inmigración –invitando a salir a los primeros y no dando de alta a los segundos– para poder así maquillar los altos niveles de desempleo. Y aun así hay datos que son imposibles de ocultar en la sanidad». (Equipo de Bitácora (M-L); Algunas consideraciones sobre el COVID-19 [Coronavirus], 2020)
Esta es la carta que siempre ha jugado la derecha con inteligencia... afirmar que la izquierda –en la que incluye a los comunistas– peca de querer «igualarlos a todos en la mediocridad». Ciertamente, e independientemente de que el gobierno que la aplique se diga de izquierda o derecha, esta medida solo puede ser considerada contraria a los intereses nacionales, pues no mejora el rendimiento, siendo un parche conformista útil para disimular un grave problema. Uno puede entender ahora por qué la mayoría de la población identifica el comunismo con esta especie de igualitarismo absurdo. Y es que la socialdemocracia del PSOE y sus socios de gobierno, como Unidas Podemos, no solo aceptan esta medida, sino que la promueven, y dado que no existe un grupo comunista que se haga notar, no puede contrarrestar este relato. El gobierno de la izquierda burguesa habla de que estas medidas favorecerán la reducción de la desigualdad, pero, ¿cómo conciben los marxistas la «igualdad»?
«Supresión de toda desigualdad social y política», en vez de «abolición de todas las diferencias de clase», es también una frase muy dudosa. De un país a otro, de una región a otra, incluso de un lugar a otro, existirá siempre una cierta desigualdad en cuanto a las condiciones de vida, que podrá reducirse al mínimo, pero jamás suprimirse por completo. Los habitantes de los Alpes vivirán siempre en condiciones distintas que los habitantes del llano. La concepción de la sociedad socialista como el reino de igualdad, es una idea unilateral francesa, apoyada en el viejo lema de «libertad, igualdad, fraternidad»; una concepción que tuvo su razón de ser como fase de desarrollo en su tiempo y en su lugar, pero que hoy debe ser superada, al igual que todo lo que hay de unilateral en las escuelas socialistas anteriores, ya que sólo origina confusiones, y porque además se han descubierto fórmulas más precisas para presentar el problema». (Friedrich Engels; Carta a August Bebel, 18-28 de marzo de 1875)
En una de sus obras cumbre, Engels se explicaría hondamente:
«Los proletarios toman la palabra a la burguesía: la igualdad no debe ser sólo aparente, no debe limitarse al ámbito del Estado, sino que tiene que realizarse también realmente, en el terreno social y económico. Sobre todo desde que la burguesía francesa, a partir de la Gran Revolución, ha colocado en primer término la igualdad burguesa, el proletariado le ha devuelto golpe por golpe con la exigencia de igualdad social y económica, y la igualdad se ha convertido muy especialmente en grito de combate del proletariado francés. La exigencia de igualdad tiene, pues, en boca del proletariado una doble significación. O bien es –como ocurre sobre todo en los comienzos, por ejemplo, en la guerra de los campesinos– la reacción natural contra las violentas desigualdades sociales, contra el contraste entre ricos y pobres, entre señores y siervos, entre la ostentación y el hambre, y entonces es simple expresión del instinto revolucionario y encuentra en esto, y sólo en esto, su justificación, o bien ha surgido de una reacción contra la exigencia burguesa de igualdad, infiere de ésta ulteriores consecuencias más o menos rectamente y sirve como medio de agitación para mover a los trabajadores contra los capitalistas con las propias afirmaciones de los capitalistas; en este caso coincide para bien y para mal con la misma igualdad burguesa. En ambos casos, el contenido real de la exigencia proletaria de igualdad es la reivindicación de la supresión de las clases. Toda exigencia de igualdad que vaya más allá de eso desemboca necesariamente en el absurdo». (Friedrich Engels; Anti-Duhring, 1878)
Pese a esto, los ataques del liberalismo al marxismo en este sentido son constantes, insistiendo que el marxismo consistiría en una especie de igualitarismo a toda costa:
«Este es el razonamiento de un docto liberal, que repite el argumento increíblemente trillado y gastado, de que la experiencia y la razón prueban con claridad que los hombres no son iguales, mas el socialismo basa su ideal en la igualdad. Por consiguiente, vean ustedes, ¡el socialismo es un absurdo, contrario a la experiencia y a la razón, etcétera! El señor Tugán repite el viejo truco de los reaccionarios: ¡falsear primero el socialismo, atribuyéndole absurdidades, y luego refutar triunfalmente esas absurdidades! Cuando se dice que la experiencia y la razón prueban que los hombres no son iguales, se entiende por igualdad, igualdad de aptitudes o identidad de fuerza física y de capacidad mental. Queda entendido que en este sentido los hombres no son iguales. Ninguna persona sensata y ningún socialista olvidan esto. Pero este tipo de igualdad nada tiene que ver con el socialismo. (...) La abolición de las clases significa colocar a todos los ciudadanos en un pie de igualdad respecto de los medios de producción, que pertenecen a la sociedad en su conjunto; significa brindar a todos los ciudadanos iguales oportunidades de trabajo en los medios de producción de propiedad social, en la tierra de propiedad social, en las fábricas de propiedad social, etc. (...) [Los marxistas] entienden por igualdad, en la esfera política, la igualdad de derechos, y en la esfera económica, según queda dicho, la abolición de las clases. Por lo que respecta a la igualdad humana en el sentido de igualdad de fuerza y de aptitudes –físicas y mentales–, los socialistas no piensan siquiera en implantarla». (Vladimir Ilich Uliánov, Lenin; Un profesor liberal opina sobre la igualdad, 1914)
En consecuencia:
«Los escritores burgueses se complacen en pintar el socialismo marxista como un viejo cuartel zarista, donde todo está sometido al «principio» de la nivelación. Pero los marxistas no son responsables de la ignorancia y de la estupidez de los escritores burgueses». (Iósif Vissariónovich Dzhugashvili, Stalin; Informe en el XVIIº Congreso del Partido sobre la labor del Comité Central del Partido Comunista (bolchevique) de la Unión Soviética, 1934)
Con la nueva ley de educación se anunciaba que, por fin, el funcionariado no sería inmune, pero, ¿bajo qué criterios? Aún a día de hoy nadie lo sabe:
«Los funcionarios «que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento» podrán ser «removidos de su puesto» y destinados a «tareas que no requieran atención directa con el alumnado». (El País; Estos son todos los cambios en la escuela que trae la nueva ley educativa, 19 de noviembre de 2020)
A quienes no sean capaces de tener un mínimo de sentido crítico con este gobierno de la izquierda burguesa bajo la creencia de que, con ello, le estarían haciendo el juego a Vox y los que quieren destruir la educación pública, esta medida quizás les extrañe:
«La completa elegibilidad y la revocabilidad en cualquier momento de todos los funcionarios, la reducción de su sueldo hasta los límites del «salario corriente de un obrero», estas medidas democráticas, sencillas y «comprensibles por sí mismas», al mismo tiempo que unifican en absoluto los intereses de los obreros y de la mayoría de los campesinos, sirven de puente que conduce del capitalismo al socialismo. Estas medidas atañen a la reorganización estatal, puramente política de la sociedad, pero es evidente que sólo adquieren su pleno sentido e importancia en conexión con la «expropiación de los expropiadores» ya en realización o en preparación, es decir, con la transformación de la propiedad privada capitalista sobre los medios de producción en propiedad social». (Vladímir Lenin; El Estado y la revolución, 1917)
Toda sociedad que se aleje de esta directriz básica volverá a la casilla de salida: la sociedad y diferencias de clases.
Preguntémonos una cosa: ¿quiénes depondrán a los funcionarios? La respuesta es obvia: los órganos donde resida el poder. ¿Y qué control tiene el pueblo trabajador actualmente sobre estos órganos? Prácticamente ninguno. ¿Acaso tienen los propios profesores y funcionarios comités donde sus decisiones vayan más allá de discutir sobre el plan de estudios y poco más? No. Son los gerifaltes del equipo de dirección, con mayores sueldos y con unos intereses materiales más cercanos a la burguesía, y la propia burguesía manifestada en el aparato estatal burgués y el Ministerio de Educación quienes decidirán qué funcionarios se mantienen en sus puestos y cuáles serán depuestos.
¿Pero es que acaso tomarán en cuenta las condiciones de vida adversas que tienen muchos profesores y que dificultan que lleven su trabajo absolutamente al día? No. Estas condiciones de miseria, en tanto que inseparables del modo capitalista de producción, seguirán existiendo.
Más aún: tomemos un caso paradigmático que nos lleva a que exista un gran número de docentes que no quieren dedicarse a su profesión y que, por ello, no la desempeñen con la atención requerida. Este es el caso de quienes no han podido dedicarse a la investigación académica, bien porque sus tareas de becarios los han absorbido hasta este punto o bien porque, a falta de un colchón económico que les permita proseguir con su carrera investigadora, han tenido que lanzarse a la jungla de las oposiciones para labrarse un futuro, aunque sea en una profesión a la que han llegado por rebote y no por dedicación.
Pese a las peroratas sobre la importancia de la meritocracia y otorgar ayudas a los cerebros más destacados, en la Ley Celáa no hay ninguna intención de mejorar las perspectivas de quienes quieren dedicarse a la investigación. No hay, tampoco, ningún intento por asegurar que quienes quieran dedicarse a una profesión puedan hacerlo y no tengan que recurrir a otras que no les satisfacen, por el mero hecho de que necesitan vender su fuerza de trabajo de algún modo para no perecer de inanición.
De modo que el gobierno no hará nada por mejorar estas condiciones, que son una parte fundamental del problema, limitándose a aumentar las penas por incumplimiento del deber y, además, guardándose para ellos una definición de deber cuanto menos dudosa.
Insistimos, esto es interesante, pero, ¿bajo qué criterios se establecerá que se da esta «manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente»? No se sabe bien. Esto no nos sorprende, pues los partidos burgueses acostumbran a jugar con la ambigüedad legislativa para poder aplicar «lo mismo y lo contrario». ¿Acaso la «ausencia de perspectiva de género» o la crítica directa al movimiento feminista constituyen criterios válidos para que un profesional sea retirado? Parece ser que eso es lo que se pretende:
«En la educación secundaria obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado. En este ámbito se incorporará la perspectiva de género». (BOE; Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (621/000012), 25 de noviembre de 2020)
He aquí otra pregunta incómoda: ¿aceptarán PSOE-Podemos retirar a los profesores que les sean afines y que den indicios de «bajo rendimiento»? Lo dudamos, dado que sus políticos y portavoces han sido individuos muy empecinados en ocultar o justificar sobresueldos, falsas acusaciones de acoso laboral, no dar de alta a sus empleados en la seguridad social, especulación mobiliaria, financiación externa, etc. Véase la falta de autocrítica del PSOE con el Caso Filesa, los ERE en Andalucía, el Caso Almenas en Castilla la Mancha… O de Podemos con el Caso Dina, el Caso Infancia Libre, los escándalos de Echenique –por no dar de alta a su empleado en la seguridad social, además de ser condenado por acusar falsamente de violación a otro sujeto– y un infinito etcétera. En esto no se diferencian mucho del «sé fuerte» que Rajoy le decía a Bárcenas, cubriendo a los suyos en público y privado. Solo que, si la derecha se escuda en que todo es una «infame conspiración de los medios de comunicación progresistas», estos otros echan la culpa a las «cloacas del Estado», cuando no al «heteropatriarcado». En cuanto sus enemigos se aprovechan de sus fracasos, denuncian que hay una conspiración –estrategia que Trump ha elevado a la quintaesencia–. Eso sí, ¡jamás es porque ellos se hayan equivocado señores!
«La actitud de un partido político ante sus errores es uno de los criterios más importantes y más seguros para juzgar de la seriedad de ese partido y del cumplimiento efectivo de sus deberes hacia su clase y hacia las masas trabajadoras. Reconocer abiertamente los errores, poner al descubierto sus causas, analizar la situación que los ha engendrado y discutir atentamente los medios de corregirlos: eso es lo que caracteriza a un partido serio; en eso consiste el cumplimiento de sus deberes; eso es educar e instruir a la clase, y después a las masas». (Vladimir Ilich Uliánov, Lenin; La enfermedad infantil del «izquierdismo» en el comunismo, 1920)
Esta es la razón verdadera por la que la población se encuentra tan cerca de los partidos políticos como la Tierra del Sol.
Pero, volvamos al tema que nos ocupa. ¿Cuáles han sido las prioridades del gobierno en materia educativa en plena crisis sanitaria?
«@gpscongreso: Tecnóloga mujer Reunión telemática de las compañeras de las comisiones de Igualdad y Pacto de Estado contra la Violencia de Género con el siguiente orden del día:
Análisis de la situación del coronavirus con perspectiva de género.
Consideraciones que puedan servir de apoyo al Gobierno». (Twitter; PSOE Congreso, 23 de marzo de 2020)
En efecto, para frenar la primera y segunda ola, la ciudadanía necesitaba no más protección sino más perspectiva de género…
Hace décadas, si nos llegan a decir que en plena pandemia mundial el feminismo se atrevería a lanzar análisis con «perspectivas de género» como prioridad de su agenda política, nos sonaría a broma, pero hoy se ha convertido en una triste realidad.
Más recientemente se insistía en que:
«A todas las actuaciones que se están llevando a cabo, y tras ahondar en que el confinamiento provocado por el coronavirus ha causado un aumento de los casos de violencia machista, la ministra ha fijado como prioridad la puesta en marcha de un Plan de Sensibilización y Prevención de las violencias machistas, que desde su punto de vista debiera tener dos ejes centrales: implicar al ámbito educativo en todas las etapas y abordar las violencias machistas en redes sociales». (El Mundo; Igualdad sitúa el ámbito educativo como prioridad para prevenir la violencia machista, 25 de junio de 2020)
Esto se ha reflejado en carteles y eslóganes como el de Izquierda Unida: «Al virus machista, vacuna feminista» [*]. República en Marcha reproducía en su web el eslogan del Ministerio de Sanidad: «Compromiso=Presupuesto. Contra las violencias machistas» [*]. En estos días confusos de pandemia también observamos a la nueva y flamante agrupación ecléctica, el Partido (M-L) de los Trabajadores, «infectado» por este feminismo, llegando a adoptar el eslogan: «Combatir el capitalismo para acabar con el patriarcado» [*].
Aquellos que afirmaban que «El patriarcado mataría más en 2020 que el COVID-19» nacieron sin el sentido de la vergüenza, o quizás lo han ido perdiendo con las subvenciones que reciben del Ministerio de Igualdad y similares.
«El ministerio de Igualdad contará con 451,42 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2021 para ir consiguiendo que la igualdad entre mujeres y hombres sea un poco más real. Una cifra que supone un incremento del 157% o, lo que es lo mismo, 275,89 millones más que en el presupuesto anterior». (RTVE; Igualdad, segundo ministerio que más crece con 451 millones de presupuesto, 30 de octubre de 2020)
Así que no les culpamos por su insistencia en la «prioritaria importancia» de destinar fondos, recursos y propaganda pública para el tema fetiche del feminismo: la violencia del hombre hacia la mujer. Pero lo cierto es que ya demostramos con datos oficiales que este problema social no se acerca ni de lejos a otros relacionados con otras violencias y muertes, como aquellas producidas anualmente por accidentes de tráfico, accidentes laborales, atracos, enfermedades, drogadicción, entre otros. Y siempre teniendo en cuenta que en todos estos casos las muertes masculinas son superiores a las femeninas. Véase el capítulo: «El feminismo institucional y sus dogmas» de 2020.
De todos modos, si las feministas alegan que, a razón de las condiciones del confinamiento, existe el peligro de que la «violencia de género» aumente desproporcionadamente convirtiéndose en una debacle nacional, habría que añadir también que gracias a la previsión y gran gestión del «gobierno del cambio» en la pandemia, esto ha causado un ascenso del colapso sanitario, un mayor desempleo, la ausencia de tramitaciones de los ERTE, descenso del nivel de vida generalizado… ¿no disparan todas estas mismas condiciones de aislamiento, estrés y mayores cuadros de depresión el consumo de ansiolíticos, tabaco o alcohol que afectan a una mayor proporción de la población, incluyendo a un número mayor de mujeres? Pero, claro, el feminismo en el gobierno habla de lo que le conviene y, eso sí, jamás asume responsabilidades.
Este aumento en el presupuesto en el Ministerio de Igualdad se ha conjugado con mayor destinación del dinero público para la monarquía:
«La Casa del Rey tendrá unos presupuestos de 8.431.150 euros en 2021, lo que representa un incremento del 6,9% con respecto a los 7.887,15 millones de las últimas cuentas vigentes de 2018 y lo que supone 544.000 euros adicionales. Así se indica en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año y que se presentó en el Congreso este miércoles para su aprobación. Según lo dispuesto en el artículo 65.1 de la Constitución, «el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma». (El presupuesto de la Casa Real aumenta un 6,9% para 2021, lo que supone 544.000 euros adicionales, 29 de octubre de 2020)
Resulta cuanto menos gravoso para su credibilidad que pidan a la población apretarse el cinturón y más fe en el gobierno del país tras estas noticias.
¿Cuál debe ser la postura de los marxistas en dicha coyuntura? Estamos de acuerdo en que las medidas a popularizar deben ir encaminadas a evitar que una vez más la crisis se cargue sobre los hombros de la población trabajadora. Pero nos separa un abismo respecto a los revisionistas sobre cómo encarar esto. José Díaz ofreció un ejemplo nítido de qué propuestas sencillas y directas proponen los revolucionarios en tiempos de crisis:
«Y si para estas medidas de transformación se dice que no hay dinero, habrá que ver dónde se encuentra. Nosotros no queremos atacar los sentimientos religiosos de nadie, pero decimos: la Iglesia, con el gran predominio económico-político de que goza en España. (...) Tiene grandes riquezas, y esas riquezas han sido arrancadas del pueblo, y como el pueblo tiene hambre, pide esas riquezas. Por lo tanto, la subvención del Estado a la Iglesia debe desaparecer inmediatamente. (...) Esa cantidad debe dedicarse a obras, que son muy necesarias en España, para que los parados tengan pan y trabajo; pero, además, es necesario expropiar esa riqueza de la Iglesia por ser dinero sacado del pueblo, y si esos reaccionarios son tan amantes de dar pan a los necesitados, todas esas riquezas, esas acciones de empresas y entidades anónimas, todos esos millones, manejados tan turbiamente, deben pasar inmediatamente al pueblo, para que éste pueda trabajar y pueda comer. (...) El que guste de escuchar un sermón o confesarse que lo haga; pero que lo pague, y yo tengo la seguridad que el que no tiene para comer no va a dar nada para escuchar un sermón. Y esto no es tampoco una medida comunista, pues estoy seguro que en este mitin hay muchos republicanos que tienen este punto en el programa de su partido». (José Díaz; Discurso pronunciado en Cartagena, el día 5 de abril de 1936)
La educación en España no es problema de un par de cuestiones, no se soluciona con unos cuantos parches para salir del paso, sino que sufre dificultades que, año tras año, gobierno tras gobierno, siguen sin recibir solución. Toda ilusión en un gobierno como este es sinónimo de que estamos ante un pseudorevolucionario, cosa que no pasa nada que ocurra, cada uno sostiene su vela, pero al menos que no se produzca no en nombre del marxismo.
La cuestión aquí es: ¿están organizados y capacitados los marxistas para popularizar o exigir tales medidas antes de tomar el poder? En caso de no estar en condiciones de ello –como, no nos engañemos, ocurre actualmente en todo el planeta– los revolucionarios no deben desanimarse, sino que deben ponerse manos a la obra –para que, aunque ahora sea algo remoto, haya una posibilidad en un futuro–. De otro modo, toda ofensiva del capital triunfará siempre, y a la larga, causará una desmoralización y resignación para los trabajadores, los cuales, desamparados de referentes sólidos, buscarán cobijarse en manos de los políticos demagogos de turno. Como observamos, los problemas diarios y finales de los trabajadores no pueden resolverse sin resolver previamente el problema del nivel de concienciación y organización. Es la diferencia entre cruzar el Atlántico bajo un barco de robusta estructura o intentar hacerlo a nado». (Equipo de Bitácora (M-L); La cuestión educativa, el feminismo, y el clásico discurso liberal de la «izquierda» , 2020)
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«¡Pedimos que se evite el insulto y el subjetivismo!»