«Una de esas hipocresías burguesas es la creencia de que la escuela puede mantenerse al margen de la política. Ustedes saben muy bien qué falso es esto. La burguesía misma, que defendía ese principio, hizo que su propia política burguesa fuera la piedra angular del sistema educacional y trató de reducir la enseñanza a la formación de sirvientes dóciles y eficientes de la burguesía, de reducir incluso toda la educación, de arriba abajo, a la formación de sirvientes dóciles y eficientes de la burguesía, de esclavos e instrumentos del capital. Jamás pensó en hacer de la escuela un medio para desarrollar la personalidad humana. Hoy resulta claro para todos que todo esto sólo pueden realizarlo las escuelas socialistas, que tienen vínculos indisolubles con todos los trabajadores y explotados y apoyan de todo corazón la política soviética». (Vladimir Ilich Uliánov, Lenin; Discurso en el IIº Congreso de toda Rusia de maestros internacionalistas, 1919)
¿Tiene la educación una carga ideológica? La pregunta es hasta un atentado a la inteligencia.
Ya en el siglo XIX, el jesuita Ramón Ruiz reconocía que la educación era la formación de cada nueva generación en unos valores determinados, instrucción con clara vocación doctrinal:
«Bajo el nombre de educación entendemos aquí, la formación consciente de las nuevas generaciones, conforme a la cultura y al ideal de cada pueblo y época. Esa formación puede tener por objeto las facultades intelectuales y los conocimientos con que se enriquecen; o bien, las virtudes o hábitos morales que constituyen el carácter. En el primer caso tenemos la educación intelectual; en el segundo, la educación moral, de la que forma parte principalísima la educación religiosa, como quiera que las más excelentes virtudes son las que se refieren a Dios, o a los demás hombres por respeto de Dios». (Esteban Mira Caballos; De la Formación del espíritu nacional a la Educación para la ciudadanía: Un estudio comparado, 2017)
El liberal-krausista Giner de los Ríos fue un claro opositor de los métodos de estudio anticuados de la Iglesia que condenaba al alumnado:
«Por necesidad constreñida a oír pasivamente una lección, o alternar en un interrogatorio de memoria». (Francisco Giner de los Ríos; Discurso en la Institución de Enseñanza Libre, 1881)
Eso no le impedía reconocer también que no podía darse una formación meramente técnica:
«La Institución no pretende limitarse a instruir, sino cooperar a que se formen hombres útiles al servicio de la Humanidad y de la patria. Para esto, no desdeña una sola ocasión de intimar con sus alumnos». (Francisco Giner de los Ríos; Discurso en la Institución de Enseñanza Libre, 1881)
Por tanto, nadie salvo un iluso o un demagogo declarará que la educación se da o se puede dar sin cargas morales-ideológicas, ya que consciente o inconscientemente ella siempre ha estado y siempre estará presente en el ámbito educativo. La cuestión no es, pues, debatir si eso existe, sino de qué tipo se desea implementar. El resto es palabrería.
Poco antes de la pandemia del COVID-19, hubo mucho ruido con la cuestión del «pin parental» en la educación, y este debate saltó a la palestra una vez más. Medios de comunicación se preguntaban: «¿Es la educación actual independiente del sesgo doctrinal? ¿Puede serlo con un gobierno diferente?». Nosotros podríamos continuar con este apartado exponiendo con todo lujo de detalles el cruce de argumentos jurídicos de uno y otro bando burgués sobre la polémica producida durante los meses anteriores, pero sería una pérdida de tiempo para arrojar luz sobre la cuestión educativa. Por lo tanto, en este apartado abarcaremos esta cuestión de forma somera, incidiendo únicamente en lo necesario para revelar el cinismo de los políticos burgueses. Y es que hoy, la derecha burguesa asume sin complejos las posiciones educativas de la vieja «izquierda» burguesa de los años 70, mientras la nueva «izquierda» se acoge a la defensa de los principios de la vieja derecha.
Desde 1978, «la derecha» y la «izquierda» aprovechan un conocido y ambiguo artículo de la constitución vigente para proclamar una visión educativa afín a sus intereses:
«Artículo 27. (...) 1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes». (Constitución Española, 1978)
El artículo, como podemos observar, es altamente contradictorio.
En los debates sobre educación de 1979, el PSOE, bajo Luis Gómez Llorente, se negaba a aceptar la propuesta del partido del gobierno Unión de Centro Democrático (UCD) sobre la asignatura de Ética bajo los siguientes términos:
«Aquellas enseñanzas de Ética y Moral, que no vayan a tener un carácter científico y que, por ello, no entrasen en el programa de otras asignaturas, es que van a tener un carácter ideológico o parcial o unilateral, desde un determinado punto de vista. Y si van a tener eso, yo, como padre de familia, no tengo por qué aceptar que el señor Ministro de Educación tenga que designar a un profesor que vaya a enseñar a mi hija unos determinados criterios de moral o ética unilaterales, desde una cierta perspectiva; y si es bajo criterios científicos, cabe perfectamente en los programas de otras asignaturas». (Luis Gómez Llorente; Sesión del Congreso, 15 de noviembre de 1979)
Eulalia Vintro, por los eurocomunistas del Partido Comunista de España (PCE), decía exactamente lo mismo. Aludía que los profesores no podían imponer a los padres la educación de sus hijos, pero dejaba la puerta abierta a confiar en que el régimen burgués pudiera proporcionar una visión totalmente científica y desinteresada para la educación:
«Yo, como padre de familia, no tengo por qué aceptar que el señor Ministro de Educación tenga que designar a un profesor que vaya a enseñar a mi hija unos determinados criterios de moral o de ética unilaterales, desde una cierta perspectiva; y si es bajo criterios científicos, cabe perfectamente en los programas de otras asignaturas». (Eulalia Vintro; Sesión del Congreso, 16 de noviembre de 1979)
El líder de Alianza Popular (AP), Manuel Fraga, actual heredero del PP, se oponía al discurso anterior de la siguiente manera:
«Los altos valores que reconocen el preámbulo y otros artículos de la Constitución... esos valores de justicia, de la seguridad... ¿cómo podemos desarrollar estos valores sin que el Estado asuma la obligación de promover esa educación de los ciudadanos, educación moral de los ciudadanos, justamente la implantación de los mismos?... El artículo 27.2 no dice que la educación tendrá por objeto enseñar solamente las matemáticas o la esgrima; la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respecto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. ¿Cómo se puede lograr esto sin unas enseñanzas éticas?». (Manuel Fraga Iribarre; Sesión del Congreso, 15 de noviembre de 1979)
Hoy, el papel de Llorente-Vintro está siendo asumido por PP-Ciudadanos-Vox, y el papel de Fraga por PSOE-Bildu-ERC-Unidas Podemos. ¿Por qué? Muy seguramente porque el partido con la mayoría de años gobernando, y, por tanto, redactor de la mayoría de las leyes de educación en España, ha sido el PSOE, que ahora se siente lo suficientemente «fuerte» y con suficiente control de estas instituciones como para dirigir el resultado del programa educativo general. Al mismo tiempo, el PP carece de la seguridad de la que hacía gala en los inicios del postfranquismo –entre otras cosas, no solo porque la sociedad actual se ha alejado de la mentalidad del viejo régimen, sino también por sus escandalosos y numerosos casos de corrupción– y para más inri, el PP se ve una vez más en la oposición frente a un PSOE en el poder que, aunque solo momentáneamente, cuenta con el apoyo de Unidas Podemos y sus socios nacionalistas de la periferia, lo que le basta para sacar las leyes adelante en el Congreso de los Diputados.
Las leyes que las democracias burguesas introducen ni siquiera son «vox pópuli» entre la ciudadanía. Ha de saberse que estos partidos activan o desactivan las propuestas de ley en cálculo del resto de acontecimientos sociales, económicos y políticos, respondiendo estos cambios, en no pocas ocasiones, a maniobras destinadas a desviar la atención de forma demagógica. La introducción de una nueva reforma laboral bien puede desatar un debate mediático parlamentario que se extrapole a la sociedad, aunque en realidad el partido que la impulse no pretenda modificar sustancialmente la ley anterior. Sin embargo, la propuesta logra dar la sensación de que los partidos políticos están haciendo algo útil y sumamente transcendente, que luchan por la «libertad» o contra la «tiranía» –según el discurso de cada bancada–. En otros casos ocurre todo lo contrario, se aprovechan los días señalados, como las vacaciones, para tratar de introducir cambios legislativos sin muchos problemas, sin protestas. En estos casos fuerzas parlamentarias mayoritarias suelen estar de acuerdo, como ocurrió con la reforma constitucional del 2011, con la que PSOE-PP pactaron cargar sobre los trabajadores el peso de la deuda pública para solventar así su negligente gestión. En realidad, sea por la razón que sea, en toda democracia burguesa, donde la población tiene una participación y representación mínima en la vida política y sus partidos, todo se reduce directamente a una cuestión de votos y apoyos en las diferentes instituciones. Paradójicamente, un tema fetiche en lo legislativo para un solo partido, una cúpula, e incluso para una sola persona puede poner en marcha una reforma para cambiar la legislación, aunque ni siquiera sus propios votantes comulguen con dicho proyecto. Pero esto es indiferente para los políticos burgueses que, gracias a la «disciplina de partido», saben que sus diputados y sus aliados votarán a favor de los intereses del partido. Lo único que les da quebraderos de cabeza son los pactos y concesiones con otras fuerzas políticas. Obviamente, para que todo esto ocurra sin muchas protestas extraparlamentarias, los medios de comunicación afines deben crear una «necesidad» ficticia a la población para que al menos tengan la impresión de que «es un debate que está en la calle».
«Precisamente porque los individuos sólo buscan su interés particular, que para ellos no coincide con su interés común, y porque lo general es siempre la forma ilusoria de la comunidad, se hace valer esto ante su representación como algo «ajeno» a ellos e «independiente» de ellos, como un interés «general» a su vez especial y peculiar, o ellos mismos tienen necesariamente que moverse en esta escisión, como en la democracia. Por otra parte, la lucha práctica de estos intereses particulares que constantemente y de un modo real se oponen a los intereses comunes o que ilusoriamente se creen tales, impone como algo necesario la interposición práctica y el refrenamiento por el interés «general» ilusorio bajo la forma del Estado». (Karl Marx y Friedrich Engels; La ideología alemana, 1846)
A esto deberíamos sumar las posiciones de cada partido político en torno al feminismo, que es una de las cuestiones que determinan las posiciones de cada partido en cada reforma legislativa, bien sea en educación, derechos laborales, código penal, etc. Aquí, el PSOE se autopercibe como el partido «veterano» del feminismo hegemónico, en pugna contra su socio de gobierno Unidas Podemos y su feminismo de «nuevo cuño», lo que ocasiona no pocos choques:
«Los partidos que aceptan seguir este guion de las «luchas identitarias» y «luchas parciales», como hace Podemos, se disponen a ganar los votos de un colectivo determinado a costa de perder los de otros, adentrándose en una guerra que saben de antemano que no podrán ganar, pues no pueden satisfacer a todos sus votantes de forma simultánea. La falta de unos principios serios y delimitados, de una explicación racional para los fenómenos sociales, hace que estas corrientes no se pongan de acuerdo en lo más mínimo, incluso traten de neutralizarse entre sí. Recientemente hemos visto las disputas entre feministas tradicionalistas y las feministas transexuales, entre las feministas abolicionistas de la prostitución y defensoras de la «libre elección», entre feministas partidarias de la maternidad subrogada y opositores, entre grupos antirracistas que desean permitir la asistencia a sus eventos solo a los afroamericanos y entre los que desean hacerlo extensible a otras razas o, incluso, a todas, entre animalistas y ecologistas, entre veganos y omnívoros, y así podríamos seguir hasta el día del juicio final. En donde seguro que no se puede apostar al rojo y al negro, al par y al impar, es en la lucha de clases. Pero estos grupos, reformistas por definición, demuestran esa misma postura ambivalente con el trabajador, pero sin dejar de estar con el patrón –que bien puede ser también gay, negro o extranjero–. Las consecuencias de su falta de firmeza o del incumplimiento de sus promesas se hacen notar en la oscilación de los votos que reciben». (Equipo de Bitácora (M-L); Antología sobre Reconstrucción Comunista y su podredumbre oportunista, 2020)
El PP y C’s intentan subirse al carro de la moda con el llamado «feminismo liberal», evitando el distanciamiento de la marcha de los acontecimientos, esto es, la agenda feminista y sus demandas. Así, pues, aunque algo tarde, la derecha tradicional se ha dado cuenta que este «movimiento transversal» ha venido siendo un engañabobos muy útil para el PSOE, el cual le ha permitido acaudalar un mayor número de votos femeninos. Pero el feminismo es, inevitablemente, un arma de doble filo. Ambos partidos de derecha han sido incapaces de calcular que el feminismo está causando un hondo hartazgo entre una gran porción de la población, incluyendo las mujeres, por lo que llegan un poco tarde para repartirse su parte del pastel. Esta es la razón añadida por la que Vox, que ha sido el único partido con representación parlamentaria e influencia ha mantenido una guerra declarada al feminismo hegemónico e institucional –huelga decir que desde posiciones absolutamente reaccionarias–, por lo que ha obtenido un gran rédito político, granjeándose las simpatías de individuos de todo signo ideológico que se contentan con que «¡Vox se opone al feminismo!». Un reduccionismo similar al de aquellos que, en Cataluña, entregan su voto a C’s o Vox dado que «¡Se oponen al chovinismo catalán, el estúpido anticastellanismo y las corruptelas del independentismo catalán!». Pero, ¡¿en base a qué se opone Vox al feminismo y qué propone como alternativa al chovinismo?! No es una respuesta difícil, viendo que Ortega Smith dedica, cada 20 de noviembre, un brindis en honor a José Antonio Primo de Rivera, y recientemente se ha negado a condenar el franquismo afirmando que durante el régimen fascista «no todo era blanco o negro».
Volviendo a la cuestión educativa, el PSOE defendió durante años lo que bien se podría llamar «pin parental» para la cuestión religiosa con toda razón:
«El Grupo parlamentario Socialista, en la que se solicitaba que se deroguen las órdenes ministeriales por las que se regula la formación religiosa en bachillerato y formación profesional. (...) Añadió luego que la ética y la filosofía que se van a enseñar son presumiblemente unilaterales y parciales, y que con el régimen establecido se ha querido presionar «de manera más suave, pero presionar» para que los alumnos sigan estudiando religión, y «para nosotros [PSOE], la opción libre debe ser totalmente positiva». La argumentación de que la clase alternativa se ofrece para que los alumnos que asistan a religión no se sientan discriminados, le parece al diputado socialista una falacia, y se preguntó si alguien estaría dispuesto a imponer una obligación distinta, los domingos por la mañana, para aquellos ciudadanos que optan por no ir a misa». (El País; Enfrentamiento izquierda-derecha respecto a la enseñanza de religión, 16 de noviembre de 1979)
La derecha se mantuvo intransigente durante largos años, defendiendo que la población debía recibir obligatoriamente una visión católica en las asignaturas escolares y los valores educativos, como si esta fuera algo científico y necesaria para su formación profesional y espiritual. Casualmente, esta es la misma postura que hoy mantiene el PSOE con el feminismo, una ideología con verdades tan ciertas e inexplicables como las que encierra el cristianismo con su fe en la «Santísima trinidad».
Con la reforma educativa del PSOE de 1990, la conocida LOGSE, se consolidó el espacio para que se pudiera cumplir de forma más efectiva este artículo 27. Así, por ejemplo, los padres católicos podían optar porque sus hijos recibieran una asignatura de religión, mientras los no creyentes podían optar por Ética –aunque esta asignatura estuviera fuertemente influenciada por los valores cristianos–. Algo «perfectamente lógico» y que debería dejar conforme a todos, creyentes o no. Pero la derecha, que era oposición política, movilizó a su electorado y lanzó críticas severas contra esta reforma –como recordarán los lectores que vivieron aquella época–.
Encontramos otro precedente a la polémica del pin parental en 2006, cuando el PSOE impulsó la asignatura «Educación para la ciudadanía» en la última etapa de la Educación Primaria y toda la Educación Secundaria, una asignatura enmarcada en un claro humanismo liberal –en lo político, filosófico y económico– aunque, y no está de más decirlo, contenía aspectos objetivamente positivos que ayudaban a comprender mejor cuestiones consideradas tabú todavía y ampliamente extendidas entre la sociedad, como la educación sexual, el uso de anticonceptivos, los derechos de los homosexuales, el respeto a las minorías étnicas o la diversidad de creencias religiosas, entre otras. De nuevo, los partidos y organizaciones de derecha condenaron dicha iniciativa por ser «adoctrinamiento» y alegando que «nadie tenía derecho a enseñar moral a sus hijos», aunque, evidentemente, el adoctrinamiento en las escuelas públicas –y privadas– bajo el franquismo mediante asignaturas como «Formación del espíritu nacional», para estos grupos no constituían intento de adoctrinamiento alguno, como tampoco lo hacían todas las asignaturas que estaban enfocadas a eso que denominaban nacional-catolicismo mientras la derecha mantuvo la hegemonía educativa postfranquista, esto es, hasta los años 80.
Respecto a esta polémica, el Tribunal Supremo declaró:
«El Pleno de la Sala ha llegado a la conclusión de que en los casos presentados no existe el derecho a la objeción de conciencia y asimismo ha establecido que los decretos examinados, ambos referentes a la Educación Secundaria, por sí mismos no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». (Diario de Sevilla; El Tribunal Supremo rechaza la objeción contra Educación para la Ciudadanía, 28 de enero de 2009)
Esto no es de extrañar. Los demócrata-burgueses se jactan de la «absoluta independencia del poder judicial del poder político». Bien, a los defensores de esta estupidez les decimos: informaos –pues siempre cabe la opción del defensor ignorante– o dejad de fingir, pues hace ya tiempo que cualquiera puede comprender la inexistencia de esta «separación de poderes». El Tribunal Supremo es un órgano judicial que, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siempre es materia de disputas y control por los principales partidos políticos, como se establece en la Constitución y, generalmente, es el partido gobernante quien suele dominarlo mientras busca el equilibrio y concordia con la oposición en el reparto de cargos. Esto es una evidencia:
«Puede decirse que en la Constitución subyace la voluntad de dotar al gobierno de los jueces de una suerte de legitimación mixta en cuanto al origen de sus miembros: de conformidad con el artículo 122 de la Carta Magna, el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por un periodo de cinco años. De éstos, doce se elegirán entre jueces y magistrados y ocho por las Cámaras entre abogados y juristas de reconocido prestigio: cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado, requiriéndose en ambos casos la mayoría de 3/5 de sus miembros. Del texto parece inferirse que los doce jueces y magistrados se elegirán a propuesta de sus compañeros de profesión, y así era hasta 1985. Ese año, el PSOE reformó la ley para que esa docena de miembros de la judicatura también fueran el fruto de una decisión política. Algo que convalidó el Tribunal Constitucional en 1986 bajo la premisa de que en la nueva redacción de la ley la elección respondería a un acuerdo alcanzado por mayoría cualificada y advirtiendo sobre el riesgo de que el que el CGPJ se acabara convirtiendo en un reflejo de la lucha parlamentaria. Notable ejercicio de clarividencia en una resolución que nos ha traído años después tan nefastos resultados. Éste es el sistema que sigue vigente hoy. Cuando en periodo electoral los partidos les prometían despolitizar el Poder Judicial, se referían básicamente a esto. Pero la verdad es que ninguno de los gobiernos que ha manejado las riendas de nuestro país desde entonces ha cumplido con su promesa. Al contrario, algunos ahondaron en la politización, como hiciera el Partido Popular con la reforma de 2013. Se preguntarán ustedes a qué viene tanto revuelo por esta nueva reforma anunciada por el Gobierno sanchista, cuando el Consejo ya está tan politizado. Quédense con esta idea: si la reforma de 1985 trajo como consecuencia la politización, con la que se prepara ahora se pretende el sometimiento de la justicia a los designios del Ejecutivo. Una nueva intromisión del PSOE en el Poder Judicial que persigue que, si no se consiguen los tres quintos necesarios para el nombramiento de los vocales, baste la mayoría absoluta del Congreso. En la práctica, esto supone que el Gobierno no tenga incentivo alguno para alcanzar un acuerdo con la oposición, pues un pacto siempre conlleva cesiones a la otra parte. Y si éstas se pueden evitar, mejor que mejor». (Voz populi; Estado de alarma en el poder judicial, 15 de octubre de 2020)
Esto no es un delirio de la ultraderecha, que tiende a exagerar que «la democracia está en peligro» cuando llega el PSOE al poder. En verdad, esto ocurre también con el PP y, si se da el caso, ocurrirá también con VOX. Estos fenómenos son temas tan asumidos en la política española que la prensa afín no duda en hacer público el perfil y vinculación política de cada uno de sus miembros. Véase el artículo de El País: «El PSOE y el PP se aseguran el control del nuevo Consejo del Poder Judicial» de 2008. Un único ejemplo basta para hacer añicos el mito de la «separación de poderes» en las democracias burguesas. Cuento que, como hemos dicho, a estas alturas solo podría creerse un niño.
Con el cambio de gobierno, el famoso Ministro de Educación del PP, José Ignacio Wert, decretó en enero de 2012 que la Educación para la Ciudadanía ahora se transformaba en Educación Cívica y Constitucional, que, según él, estaría «libre de cuestiones controvertidas» y «no susceptible de adoctrinamiento ideológico». Pero, como sabemos, tanto la vieja como la nueva asignatura instruyen, adoctrinan o como quiera decirse. ¿O es que acaso los artículos de la Constitución Española de 1978 no marcan un contenido moral preciso y útil para una clase social, como es la defensa de la monarquía y la propiedad privada? Podríamos hablar de cómo y en qué contexto fue aprobada tal carta magna, la cual hoy sigue estando a debate en la calle, no así en las escuelas, ya que esto se consideraría «subvertir el orden constitucional», la mayor de las herejías para los defensores de la actual democracia burguesa. Aunque, todo sea dicho, el capitalismo ni siquiera necesita de la actual constitución para mantenerse. La Constitución republicana de 1931 –esa que defendía la propiedad privada y defendía el castellano como única lengua oficial– le valdría perfectamente. Véase el capítulo: «La creencia de que si un Estado conserva figuras, instituciones o leyes de una etapa fascista es demostrativo de que éste todavía persiste» de 2017.
Entiéndase que la educación y valores que se enseñan en las escuelas sobre este tema son los mismos con los que se bombardea a los padres de los alumnos en los medios de comunicación masivos:
«Hay que decir una cosa importante sobre el ideario democrático-burgués. Si entendemos por democracia, bien la 1ª «Participación de todos los miembros de un grupo o de una asociación en la toma de decisiones» o la 5ª acepción de la RAE: «Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos», veremos que hay una gran distancia entre la teoría y la práctica.
Esto se ve rápidamente cuando observamos que en la sociedad burguesa siempre se ha intentado propagar la noción de que no se puede, o no se debe, criticar a ciertos cuerpos del Estado como policía, los jueces, el ejército, la guardia civil, la legión, etc., incluso que hacerlo es muestra de una «falta de ética» o de «espíritu democrático» (sic). En ocasiones se apela a la especialidad del cargo para esgrimir que el ciudadano medio no tiene ni jurisdicción ni conocimientos para juzgar su desempeño. En muchas ocasiones se introducen leyes que hacen que el ciudadano tenga que aceptar esto so pena de ser multado o algo peor si se atreve a emitir una crítica que se salga de lo aceptable. Pero mientras se le intenta retirar la opción de opinar y ejercer un control de esos cuerpos, desde el Estado se llevan a cabo verdaderos ejercicios propagandísticos de idealización y culto ciego a las instituciones y organismos, para que la población más alineada las respete y rinda pleitesía hacia dichas figuras.
Cualquier autodenominado «demócrata» comprende que este engranaje hace que esto sea una pantomima de democracia. ¿Acaso estos cuerpos y organismos han sido creados por el pueblo y no desde la oligarquía? Incluso, aunque la respuesta fuese una u otra. ¿Acaso no es posible que los cuerpos e instituciones tengan fallos o queden desfasados? Alguien con dos dedos de frente respondería que sí es posible viendo las experiencias históricas. ¿Cómo entonces un demócrata no va a tener la opción de poner en tela de juicio el desempeño de un organismo como la Audiencia Nacional o de una carta magna como la Constitución Española de 1978? Bien, como ha demostrado el marxismo y se confirma cada día, la sociedad capitalista tiene contradicciones importantes que hace que no pueda escapar de sus fallos, pero si esto no fuese verdad, ¿por qué entonces la clase dirigente pretende blindar ideológica y judicialmente a estas instituciones, coartando a sus ciudadanos la libertad de crítica? Porque estos cuerpos y organismos no están para «preservar el bienestar de toda la nación y sus ciudadanos» como se dice, sino que están para defender los intereses económicos y políticos de la clase burguesa, siendo indiferente si se hace justicia o no, o si se perjudica a la nación.
Esa es la razón de que el Estado burgués intente reforzar una cultura favorable a ellos difundiendo estas nociones serviles hacia estos organismos y cuerpos, nociones que crean borregos, no ciudadanos instruidos que ejercen sus derechos, nociones que son inoculadas por la inestimable ayuda de los grandes «medios de información» vinculados al gran capital. Pero es tapar el sol con un dedo, ya que pese a esta ingente cantidad de poder y medios, los escándalos se suceden todos los días dentro del sistema, tramas que no solo son denunciadas por los elementos progresistas y «antisistema», sino que en ocasiones son registradas hasta en los medios más reaccionarios –y no por la preocupación de mantener una «salud democrática» del sistema, sino por motivos de competencia, pues al fin suelen ser ellos quienes aprovechan la crisis para aupar a una u otra facción burguesa al poder–. Quien no haya entendido esto, no ha entendido nada de las tramas y funcionamiento del sistema democrático-burgués, su doble faz.
Llevar a alguien a declarar por criticar a la monarquía es efectivamente un signo de la decadencia del sistema político burgués, como lo son las condenas por «injuriar» a un santo o aceptar a trámite querellas por «injuriar» monumento cristiano-fascista como el Valle de los Caídos. Cuando los liberales se llenan la boca sobre los avances que real o presuntamente la humanidad ha conquistado gracias a la democracia burguesa, por contra les cuesta ver y hacer de apologetas este tipo de casos, y es normal, pues cualquiera hasta sin nociones políticas entiende que es una vergüenza absoluta que en nuestra época se pueda multar o condenar a un solo día de prisión en España o en cualquiera de las otras monarquías parlamentarias como Países Bajos, Suecia, Dinamarca o Gran Bretaña por denunciar a la monarquía, por mostrar su objetivo estatus de parasitario que vive a costa del pueblo. Esto se torna más penoso cuando en el caso hispano se ha relatado hasta desde los periódicos afines históricamente a la monarquía –como ABC– las corruptelas y los delitos manifiestos de toda la familia real». (Equipo de Bitácora (M-L); Estudio histórico sobre los bandazos oportunistas del PCE (r) y las prácticas terroristas de los GRAPO, 2017)
En el próximo capítulo se analizará cómo el feminismo ha penetrado en las aulas». (Equipo de Bitácora (M-L); La cuestión educativa, el feminismo, y el clásico discurso liberal de la «izquierda», 2020)
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