«Vale decir que la teoría de la «paridad», abanderada por diversas ramas del feminismo, promueve un equilibrio obligado en el número de hombres y mujeres en temas como puestos de poder, lo cual supone una «discriminación positiva» bajo la excusa de que así es como se resolverá la desigualdad entre el hombre y la mujer en la participación en la política, la incorporación al tejido productivo o el acceso a la cultura. Pero las leyes de paridad solo son una muestra de caridad de la burguesía hacia la mujer que quedan muy bien de cara a la galería, igual que ocurre cuando la burguesía agita la bandera y el espíritu de la beneficencia hacia los pobres, pero no resuelve nada, pues es un parche, una solución superficial que deja intacto el problema que origina la desigualdad de la mujer en ciertas ocasiones.
Colocar sin más a una mujer en un cargo por el mero hecho de ser mujer es un acto que puede suponer que dicho elemento finalmente desempeñe de forma correcta y hasta notablemente su función en el cargo, pero ello no borrará el hecho de que en el momento de su selección se puso por delante su sexo en detrimento de su habilidad. Por otro lado, en esta situación también puede darse el caso de que se ponga en un aprieto a un sujeto femenino no cualificado, abriendo la posibilidad a un mal desempeño, que será producido no porque la mujer sea una inútil, sino porque simplemente no estaba preparada, porque en este caso el motivo sexual fue el requisito principal para su selección, siendo su formación requerida un aspecto de segundo orden. Esto supone, además, denegar el acceso a otra persona más cualificada solo por el hecho de tener otro sexo, discriminación que aleja a los sistemas democrático-burgueses de la tan cacareada «meritocracia» que dicen que es signo de «salud democrática». Lo mismo cabe decir sobre el delegar puestos en favor de una «visibilización del movimiento LGTB» o en favor de la «racialización» de los puestos administrativos o políticos, cuestiones tan de moda hoy.
Queda claro pues que este tipo de leyes basadas en la paridad solo se fijan en el sexo del individuo no en sus capacidades. Muchas de las sociólogas dirán que no se puede implantar una meritocracia en medio de un sistema que no es democrático o al menos no cien por cien democrático con la mujer, a lo que estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo con que la solución sea poner una medida draconiana como la «discriminación positiva», que se ha mostrado tan absurda e idealista como ineficaz.
La doctrina comunista no aboga por regalar la igualdad a la mujer en un acto de piedad creyendo que es una criatura inferior, sino que se esfuerza por ver cuál es el estatus de la mujer y donde se halla el problema de la desigualdad, así una vez identificando se lucha por deshacer esa desigualdad a través de transformaciones materiales socio-económicas que brinden una igualdad material real entre hombres y mujeres, no se pierde el tiempo planteando ideas y leyes inútiles que se ocupan de aliviar parte del problema pero dejan intacta la raíz del mismo.
Los comunistas son conscientes de que no hay que regalar puestos ni a hombres ni a mujeres por cuestiones de sexo, ni de etnia ni otros motivos, sino que se debe ofrecer una igualdad de oportunidades para trabajar, formarse intelectualmente y acceder a la cultura, que para ello es necesario que tras la toma de poder político por el proletariado se implante un nuevo modelo económico basado en la propiedad social, para que así finalmente cada individuo pueda optar a diferentes puestos estando realmente en igualdad competitiva sin distinción de oportunidades directa o indirecta por sexo o clase como ocurre en el capitalismo. De otra manera si tomásemos como modelo la paridad de puestos burguesa sin resolver el problema del modelo político-económico del capitalismo, y otorgamos puestos en favor de mujeres en sociedades patriarcales o con reminiscencias del mismo, nos toparemos con el problema de que en caso que un miembro seleccionado por su sexo bajo la paridad ejerza mal su puesto, se estará incurriendo en un perjuicio para la sociedad en general y entorpeciendo indirectamente además, el trabajo encaminado a buscar la igualdad con ese colectivo, porque como consecuencia se retroalimentarán los mitos y prejuicios negativos sobre la imposibilidad de que la mujer gestione bien puestos de responsabilidad. En muchos casos será peor el remedio que la enfermedad.
La teoría de la paridad es una teoría de género más que olvida la cuestión de clase, en sus exposiciones jamás profundiza en las diferencias entre la opresión que sufre una mujer trabajadora y una mujer burguesa, una explotadora y una explotada. De hecho que las trabajadoras hayan adoptado el discurso del feminismo hegemónico –claramente manipulado por una intelectualidad burguesa– y que una de sus mayores preocupaciones reivindicativas sea el llamado «techo de cristal» –y en concreto el referido a optar al mismo número de sillones en los grandes puestos en empresas que los hombres–, evidencia hasta qué punto el feminismo es un movimiento burgués que arrastra a las mujeres a interesarse, preocuparse e identificarse con la lucha referida a la mujer rica, suprimiendo consciente o inconscientemente la cuestión de clase, la lucha de clases que se forja y desarrolla frente a sus ojos en multitud de cuestiones más importantes para su porvenir.
Todo esto no lo decimos por decir, si miramos las teorías y leyes impulsadas por los socialdemócratas –ahora más bien neoliberales– del PSOE, se dice en su periódico afín:
«Las acciones positivas son medidas a favor de las mujeres, para corregir situaciones patentes de desigualdad respecto a los hombres, que adopta la Administración para hacer efectivo el principio constitucional de igualdad. Obviamente, estas medidas se utilizan en tanto existan las situaciones mencionadas y tienen que ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo. Un ejemplo de acción positiva es la propuesta de cambio, en la Ley de Régimen Electoral General para conseguir una composición equilibrada entre mujeres y hombres en las listas electorales, de forma que las personas de cada sexo no superen el 60%, ni sean menos del 40%». (El País; La ley de igualdad, 14 de septiembre de 2006)
Por esa misma lógica si lo llevásemos al tema de desigualdad económica, ¿no habría que garantizar un 40% de puestos políticos para los que ganasen el salario mínimo para visibilizar a las capas más pobres? O en tema de exclusión étnico-cultural, ¿no sería lícito también garantizar un mínimo de representación para las minorías étnicas? ¿O un mínimo para las minorías religiosas o hacia las personas de orientación sexual minoritaria? Como se ve, el discurso se les podría volver en contra con facilidad, se caería en un mundo de locos en pro de ciertas identidades, un mundo que por desgracia hoy se ha hecho real por el esfuerzo de muchos gobiernos.
El garantizar puestos para la «mujer» en abstracto, no supone una mejora de la situación económica-cultural de la mujer trabajadora, ni tampoco influye en su participación en la política. Son cuestiones diferentes, pero de aparente relación. ¿Acaso para la mujer trabajadora ha supuesto un bienestar en sus derechos laborales o salariales la existencia de mujeres en el PSOE, como Teresa de la Vega, que siendo vicepresidenta del Gobierno apoyó la reforma laboral de 2010 que vaciaba el listado de derechos de las trabajadoras en favor de los empresarios y las empresarias? ¿La presencia Carmen Chacón ha alejado a las mujeres españolas de la participación de ellas, sus cónyuges e hijos en las guerras y tramas imperialistas españolas que han seguido sucediendo por todo el globo? ¿Se ha solucionado el problema de vivienda para las mujeres casadas y solteras por el hecho de que Beatriz Corredor haya ocupado el puesto referente a esto como es ser Ministra de Vivienda? ¿Acaso Mercedes Cabrera impulsó una visión de la Educación menos aburguesada o logró unas tasas de abandono escolar menos vergonzantes que sus sucesores? ¿No tenemos el mejor ejemplo de disfuncionalidad en Presidentas de Comunidad como Susana Díaz, con hasta un 20% de desempleo, cuyo desempeño demuestra que ha estado por completo alejada de los problemas de la mujer trabajadora? Podríamos citar la «grandísima labor» de otras mujeres del PP como Esperanza Aguirre, Dolores Cospedal, Ana Botella, Cristina Cifuentes, Rita Barberá, o actualmente de Díaz Ayuso e Irene Montero, pero creo que el lector nos habrá entendido de sobra.
Todas estas mujeres en parte han sido impulsadas gracias a las llamadas «leyes de igualdad». Bajo la propaganda en los medios burgueses se ha anunciado que «se ha conseguido una igualdad real entre el hombre y la mujer». La realidad dice que en la práctica han resultado en ser cómplices directas, junto a los hombres del PSOE y de otros partidos, de las legislaciones y políticas de carácter antiproletario y en ocasiones, de claro tinte patriarcal. Solo hay que mirar el hecho de que ninguna de ellas pertenece a la clase obrera, son todas burguesas o en su defecto intelectuales totalmente aburguesadas. Con esto se demuestra que en el caso de la política, la paridad, significa un pacto entre el hombre burgués y la mujer burguesa, pero no la participación ni la inclusión de todo el colectivo femenino en la política, ni el fin de sus penurias y problemas económicos, tampoco un mayor equilibrio en el acceso a la cultura comparada con su homóloga mujer burguesa. Esto nos debe de quedar claro.
Es un hecho pues que la paridad no soluciona nada, que sin un cambio político y económico que destruya la propiedad privada que da luz a la diferenciación social y que sostiene la llamada «cultura machista» no hay solución al problema; y que un autodenominado comunista ejerza esta teoría significa simplemente que está influenciado por teorías del feminismo burgués en la cuestión de género». (Equipo de Bitácora (M-L); Sobre la teoría feminista de la paridad, 2020)
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