miércoles, 25 de noviembre de 2020

La debacle del sistema sanitario español; Equipo de Bitácora (M-L), 2020


«La crisis del COVID-19 está mostrando las carencias del sistema sanitario español. Más arriba vimos que la imprudencia de las autoridades políticas para enfrentar la pandemia, pero aparte de ello, ¿qué ocurre con el sistema sanitario en sí?

La nueva derecha y la tradicional –PP, C’s, Vox–, aunque también elementos extravagantes como los anarco-capitalistas, argumentan que la ola de recortes y privatizaciones efectuadas en el sector sanitario en los últimos años a nivel nacional y regional no tienen relación alguna con la crisis sanitaria que se vive hoy. ¡Incluso culpan a la existencia de la propia sanidad pública de ser la causante del desastre! Para ello aluden a la supuesta gran inversión recibida estos años y al poco estímulo de los trabajadores en su desempeño, cosa que según dicen, se resolvería con la empresa privada. Quien afirma esto no solo no comprende de economía, sino que es un demagogo desalmado que niega el trabajo que están realizando los sanitarios de distintos campos con escasez de materiales y una presión psicológica límite. Están insultando a personas que, a diferencia de ellos, simples parásitos, son verdaderos héroes y aportan un servicio útil a la comunidad.

También los intelectuales de ideología anarco-capitalista claman que el mercado se regula solo, falacia que repiten como un mantra. De forma populista, ellos también dicen lamentar los abusos de los monopolios en el precio de la luz o la calefacción, entre otros, pero ignoran adrede las estadísticas y la historia económica que demuestra que ese «dios invisible» del «libre mercado» no es sino la ley del valor en su actuación, una realidad muy visible, un caballo que en el capitalismo galopa sin freno y posibilita la creación y desempeño de los monopolios en nuestra sociedad. De esa forma las empresas monopolísticas hacen acopio de productos básicos o alteran los precios del mercado de forma escandalosa, no pocas veces en contubernio con el Estado que se dice «neutral» y velar por «todos». Véase la obra de Marx: «Manuscritos económicos y filosóficos» de 1844. 

La línea de defensa de neoliberales y anarco-liberales está centrada no en analizar los datos y exponer la verdad por el bien de la humanidad, sino en su pensamiento sofista de querer imponer, sin importar cual sea la realidad, su modelo económico capitalista a toda costa; uno donde las formas de propiedad privada abarcarían todos los campos posibles como solución mágica a todos los problemas. La razón de esto se puede buscar en el intelectualismo utópico pequeño burgués de algunos anarcoides, pero, la razón principal entre los neoliberales es que son parte –o representantes– de los propietarios de los medios de producción. 

He aquí uno de los problemas: aunque hipotéticamente haya un aumento progresivo de los presupuestos y también de los gastos destinados en salud pública, puede que estos no necesariamente estén cubriendo debidamente las demandas de la población, como efectivamente ha sucedido, en especial gracias a la contratación de agentes privados por la sanidad pública. Tal afirmación es un silogismo barato. Pero es que, en el caso concreto de España, como veremos luego, cada vez se destina una partida presupuestaria menor a la sanidad pública. Y, como es evidente, no solo se trata de un incremento progresivo del presupuesto que no llega a cubrir el déficit adquisitivo de los centros hospitalarios, sino que no hay inversión suficiente como para que la salud pública pueda contratar el necesario personal médico sanitario, de mantenimiento y administrativo, así como adquirir lo más avanzado de la técnica médica, añadido a los necesarios insumos médicos que en estos tiempos se han visto limitados. En consecuencia, el nivel de la sanidad se va degradando poco a poco. ¿A quién beneficia tal degradación? Que el lector juzgue con lo que sigue a continuación. 

Debe entenderse, primero, que con el sistema público sanitario, el gobierno –conformado por la burguesía o representantes de la misma– ha gestionado históricamente un servicio nacional que satisface una demanda social básica que ha sido conquistada ya en la mayoría de Estados democrático-burgueses de todo el planeta. La razón principal de la creación y extensión de este sector se debe, por un lado, a las luchas obreras, pero, ante todo, a que la burguesía acabó dándose cuenta de que debía mantener la mano de obra en condiciones mínimamente decentes para su correcto funcionamiento. Con este sector estatal, la burguesía gestiona los medios de producción –lo que no elimina su competencia, ni el nepotismo, ni las concesiones y negocios con otras empresas privada para la provisión de los centros  de salud de todo tipo–, pero cuando estos centros se privatizan, los capitalistas concretos que adquieren su gestión se ven obligados a defender su parcela con mayor celo, ya que no es una gestión colectiva, sino privada en el sentido más estricto. Esto, a su vez, no significa que no necesite de contratos con el gobierno o sus empresas públicas para abastecerse u obtener transporte de pacientes y recursos, por ejemplo.

Con la ley aprobada el 10 de abril de 1997 en plena época del gobierno de José María Aznar, se permitió la entrada de la gestión privada en la sanidad. A partir de entonces la estrategia de todos los partidos en el poder ha sido durante los últimos años virar progresivamente hacia un modelo mixto con la privatización de la sanidad:

«Un informe que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad constata el paralelismo entre los recortes y el negocio de la sanidad privada. Porque entre 2010 y 2014 el gasto público sanitario se redujo en 8.000 millones de euros al mismo tiempo que el privado creció en casi 4.000, o lo que es lo mismo: de cada dos euros recortados, uno fue a parar a la privada. «El recorte en la Sanidad Pública ha creado una desconfianza en los ciudadanos y se han ido a la privada», explica Rafael Bengoa [El exdirector de sistemas de salud de la OMS]. Una tesis que también refuerza el informe del propio Ministerio, porque el 80% de ese gasto privado, procede directamente de los hogares. Para la asociación en defensa de la Sanidad Pública, todo obedece a un plan político. El Ministerio de Sanidad argumenta que en ese gasto privado se incluyen también los copagos». (La sexta; Los recortes en la Sanidad Pública reforzaron al sector privado durante los años centrales de la crisis, 9 de julio de 2018)

Esto se ha compatibilizado con otros métodos como vemos en estos simples datos:

«1. Inversión
España destina un 5,9% de su PIB al gasto sanitario público y Catalunya, un 3,9%. La media europea es del 7,5%. Mientras tanto, aparecen nuevas necesidades de atención primaria y aumentan los cuidados a largo plazo por el envejecimiento.

2. Copago
La Comisión Europea señala que los pagos directos por medicamentos aumentaron en España entre el 2010 y el 2014. Disminuyeron un poco en el 2015 hasta alcanzar el 24% del gasto sanitario total en el 2017. El porcentaje está muy por encima de la media europea, situada en el 16%.

3. Temporalidad
La ratio de enfermeras está en 5,7 por cada mil habitantes: la media europea es del 8,5. Todos los sanitarios han acusado un aumento de los contratos temporales y parciales. Según CCOO, el 30% de todos los empleados tenía un contrato temporal en el 2017, frente al 27% en el 2012.
 
4. Gasto privado
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), en el 2018, señaló que entre el 2011 y el 2015 el gasto sanitario privado creció a una media de un 2,8% anual, mientras el gasto público cayó a una tasa de un -0,8% anual.
 
5. Universalidad
El Real Decreto Ley 16/2012 derogó el principio de universalidad en el sistema español dejando fuera a los inmigrantes sin papeles. Este decreto se derogó en el 2018, pero la normativa todavía no ha sido desarrollada. Sigue habiendo personas sin acceso a la sanidad pública». (El periódico; La sanidad pública de España, al límite tras años de recortes, 18 de marzo de 2020)

A todo esto también se suma que cada comunidad autónoma, actualmente, hace una gestión propia de sus recursos sanitarios; esto es que no hay convergencia de prioridades y objetivos, no existe un plan nacional de salud y, como se ha podido comprobar, no existía un protocolo de actuación pormenorizado en caso de emergencia, cuyos efectos han sido desastrosos en la actual pandemia: tan es así que incluso hay diferencia en la gestión de los datos estadísticos de «morbimortalidad» entre comunidades autónomas y entre estas y el gobierno central. Volviendo sobre el tema, existe una  descentralización y un modelo particular a cada cual peor en cada comunidad autónoma. Todos utilizan métodos muy similares que acaban en lo mismo. En regiones como Madrid, los madrileños han podido disfrutar de la bonanza del neoliberalismo del PP: despidos de personal, venta de instalaciones, privatizaciones bajo sistemas concertados, etcétera. En Cataluña, los nacionalistas de CIU y compañía nos mostraban el «camino alternativo» a la «rancia Madrid», pero los gobernantes catalanes parece que se parecen más de lo que quisieran a sus homólogos de la capital… allí la privatización se ha desarrollado de forma similar, amparándose sobre todo en la «externación de servicios», es decir, se dejó de contratar personal e invertir en infraestructura y técnica médica dentro de la sanidad pública, contratando, en su lugar, clínicas privadas que asumen estos servicios resultando en una catastrófica gestión en las residencias de ancianos y provocando muchas muertes evitables. 

«El último [informe de] Euro Health Consumer Index, publicado en febrero de 2019, coloca a España en el puesto 19. No del mundo, de Europa. De nuestro sistema de salud destaca: «Muy descentralizado regionalmente. El sistema de salud pública parece confiar un poquito demasiado en la sanidad privada para conseguir una excelencia real. Los indicadores de resultados en 2018 han mejorado, ahora están a la par con Islandia y Portugal. La encuesta de la Organización de pacientes de 2018 nuevamente dio una mala visión sobre la accesibilidad». Portugal, en el puesto 13 de este «ranking» es destacado por su mejoría con respecto a años anteriores y su eficiencia: «ofrecen más por el mismo precio», destacan. (...) Otro lugar común que se escucha estos días es que el colapso de las UCI o la saturación hospitalaria son consecuencia de los recortes efectuados durante la crisis económica que sacudió al país entre 2009 y 2015. Viendo el listado de la OCDE de inversión pública en Sanidad es evidente que, en términos relativos, ahora invertimos un porcentaje menor de nuestro PIB que antes de la recesión [véase el gráfico]. En 2009 se invirtió en la sanidad pública un 6,77% del PIB y en 2018 un 6,24% pero en esta década el producto interior bruto ha crecido, lo que arroja una mayor inversión per cápita ahora que antes: 1.617 euros por persona frente a los 1.576 euros de 2009. Por supuesto, no son lo mismo 1.617 euros ahora que hace diez años. Sea como fuere, seguimos muy lejos de la cabeza de la clasificación en este aspecto. Ahora y antes». (El Confidencial; Si España fuera la mejor sanidad del mundo no necesitaríamos héroes contra el Covid-19, 29 de marzo de 2020)

Los métodos de privatización son una forma poco sutil de intentar maquillar los resultados sobre ocupación de camas, listas de espera y otros tantos problemas que proliferan en la sanidad pública. La burguesía usa, en este caso, la privatización como usa la emigración y la inmigración –invitando a salir a los primeros y no dando de alta a los segundos– para poder así maquillar los altos niveles de desempleo. Y aun así hay datos que son imposibles de ocultar:

«Un total de 671.494 pacientes estaban esperando una intervención quirúrgica en la sanidad pública española a finales de junio y el 15,8% de ellos llevaban más de seis meses aguardando, según los datos del Sistema de Información sobre las Listas de Espera en el Sistema Nacional de la Salud (SNS) publicados este viernes por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Es la cifra más elevada desde el 2003, primer año del que hay datos en la web del ministerio y Catalunya (con 168.108 pacientes), la comunidad con más personas pendientes de una operación. La sigue Andalucía con 137.721 y, a bastante más distancia, la Comunidad Valenciana (56.725), Madrid (52.579) y Castilla-La Mancha (36.772)». (El periódico; Las listas de espera para una operación baten récords históricos en España, 6 de diciembre de 2019)

Es cierto que en mitad de la pandemia se ha contratado una gran cantidad de personal sanitario a toda prisa –¡solo faltaría!–, algo que también se ha hecho en otros sectores –permitiéndose, por ejemplo, que los maestros sin el master de profesorado puedan ejercer–, todo con tal de cubrir la demanda. Debe saberse, empero, que esto es un producto temporal de la crisis sanitaria y que supone disponer de personal que, en muchas ocasiones, no está preparado. En el caso sanitario, la incorporación de más personal no ha aliviado suficientemente la demanda, y el sistema ha seguido registrando deficiencias por doquier. El periódico del PSOE confesaba:

«No hay médicos ni personal de enfermería suficientes. La segunda ola de covid-19 ha vuelto a poner en evidencia la falta de sanitarios en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Un problema estructural que no se soluciona por completo en unos meses, pero para el que tampoco se han buscado suficientes alternativas: ni las contrataciones necesarias ni la reorganización de unas consultas en las que los profesionales –especialmente los de atención primaria– viven sepultados bajo una montaña de pacientes y burocracia. (...) La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo reconocía este lunes: «España tiene un problema de falta de médicos y enfermeras». (...) Si se mide con la Unión Europea, se queda muy por debajo en médicos de primaria –76,5 frente a una media de 123,4 por 100.000 habitantes, según los últimos datos de Eurostat– y en enfermeras –520 por 100.000 habitantes frente a 840 en Europa–. Y eran estos los destinados a servir de dique de contención para que la segunda ola del coronavirus no fuera tan violenta como la primera. Pero se han visto completamente desbordados desde los primeros compases, cuando empezaron el verano mermados por las vacaciones que les correspondían. Ante las preguntas de los periodistas, Fernando Simón ha reconocido este lunes en algunos servicios hay «una queja crónica de falta de recursos o sobrecarga». (El País; Falta personal sanitario para frenar la segunda ola de la pandemia, 22 de septiembre de 2020)

En cuanto a salud mental se refiere, las cifras son aún más desastrosas. El total de plazas en hospitales públicos de Psicólogos Internos Residentes (PIR), es decir, el total de plazas para psicólogos públicos en hospitales, es de 189, ¡en todo el Estado! Ya antes de la pandemia en España se notificaba que:

«El Defensor del Pueblo insta al Gobierno y a las Comunidades Autónomas a estudiar de forma «urgente» qué hacer para incrementar el servicio de atención a la salud mental en España: la ratio de profesionales en la sanidad pública era en 2018 de 6 por cada 100.000 habitantes, tres veces menor que la media europea, de 18». (El diario.es; Un informe muestra las carencias de España en salud mental: hay tres veces menos psicólogos que la media de Europa, 30 de enero de 2020)

Entiéndase que consecuencias puede haber con esa ratio actualemente:

«Fórum Salud Mental ha alertado de que la pandemia del coronavirus puede provocar un aumento de los problemas de salud mental y las adicciones. Según diferentes estudios que ha analizado la organización, entre un 16,5 y un 28,8% de la población podrán sufrir respectivamente, síntomas depresivos y ansiedad de intensidad moderada-grave». (Forumsalutmental.org; Un 16,5% de la población podría sufrir síntomas de depresión debido al Covid-19, 29 abril de 2020)

Esta situación o bien obliga a la mayoría de la población a convivir con un estado mental cada vez más deteriorado el cual puede degenerar en alcoholismo y todo tipo de adicciones; o a pagar una consulta privada, gasto imposible para la mayoría de la población. 

Por supuesto que existen casos de «mala praxis» del personal sanitario del sistema público correspondiente al «factor humano», pero exactamente como existen en todos los sectores públicos salvando las implicaciones claro es –y no nos engañemos señores liberales, en las empresas de sector privado también ocurren a causa de una amplia variedad de razones–. El sector público, por sus propias características, depende más del entramado en que se sustenta el andamiaje: el gobierno central, autonómico y la dirección de los hospitales, como gestores; los profesionales, como ejecutores, y el consumidor, como receptor del mismo sistema –y no olvidemos, quien lo sostiene con sus impuestos más allá de que sea público o concertado–. Dicho de otro modo: si el sistema no habilita herramientas serias y eficaces para que los profesionales puedan manifestarse y demandar una mejora del material y formación con el que van a desempeñar su trabajo –y si los gestores de mayor a menor rango no acceden–, el sistema sanitario seguirá trabajando en base a un sobreesfuerzo colectivo de profesionales que a duras penas cumplen su labor o están cualificados, rebajando su eficiencia y perjudicando, por ende, al resto de la población. Por el otro lado, si el consumidor no tiene mecanismos para protestar e intervenir sobre los déficits del sistema sanitario –relevando a los trabajadores poco profesionales, denunciando las listas de espera y demás–, tampoco puede limar las aristas de este triángulo y convertirlo en un círculo armonioso que opere correctamente. Pero como veremos luego, pensar que una «reforma integral» de la sanidad pública y su «armonización» es posible dentro bajo el capitalismo es una quimera, pues sería como pensar que es factible una representación y ejecución «democrática» sin la intervención de los intereses económicos de la burguesía, la cual incluso en épocas de bonanza económica siempre intentará mantener la sanidad en un estado aceptable gastando lo menos posible en ella, pauperizando el servicio de la misma. De ahí el descontento generalizado en los últimos años, que ha dado lugar a paradojas como que algunas personas dediquen sus ahorros –o se planteen hacerlo– en un seguro médico privado... ¡pese a que ya están pagando un sistema sanitario público!

Es cierto que en los últimos años España ha tenido un mayor gasto per cápita en salud. Desde 2012, con una inversión de 1.456€/per cápita, ha aumentado, y en 2018 se destinaron 1.617 €/per cápita, pero esta subida, es ínfima para cubrir lo necesario –y es el resultado de años de desmantelamiento que como luego veremos profundamente, se lleva realizando desde 2010 en la sanidad pública–.

En cuanto al gasto destinado concretamente a lo público en salud, los datos destapan la mentira de que los gobiernos de PP/PSOE han protegido la sanidad pública: en 2009 la partida del gasto total en salud destinada al gasto público fue del 75,18%, cifra que se ha ido reduciendo hasta el 2018, con un 70,47%, un número que no sucedía desde hace décadas. Tendríamos que retrotraernos al año 1974 para ver un 71,97%, ni qué hablar de porcentajes como el 85,06% que fue destinado en 1983. 

Quizá el ejemplo más paradigmático de que una inversión mayor en el sistema sanitario no redunda en una mejora –cualitativa o cuantitativa de los servicios– lo podemos encontrar en Estados Unidos, cuya inversión en sanidad pública es altísima a priori:

«El gasto público en sanidad en Estados Unidos creció 260.128,2 millones en 2019, es decir un 4,69%, hasta 2.752.127,7 millones de euros, con lo que representó el 22,55% del gasto público total. En 2019, Estados Unidos se mantuvo en la misma posición en el ranking de países por importe invertido en sanidad, en el primer puesto de la lista, es decir es el país que más invierte en sanidad. En cuanto a su proporción respecto al PIB, ha mantenido su posición en el primer puesto de la lista, ya que es el país que más gasta en sanidad respecto a su PIB. –según datosmacro.com–. Esto es así, evidentemente, porque el sector está privatizado en su práctica totalidad». (Datosmacro.com; Gasto público Salud por países, 2020) 

Esto, visto así, sin más, puede dar a entender que la cobertura es más que suficiente, pero, realmente, gran parte de la inversión no redunda en la población:

«De una encuesta realizada por Gallup en diciembre de 2019 se desprende que el 25% de los estadounidenses reconocen que ellos o algún miembro de su familia han postergado una visita al médico por una enfermedad grave porque no pueden hacer frente al elevado coste de la visita, y el 33% ha postergado la visita por enfermedades menos graves. Un estudio llevado a cabo por la Sociedad del Cáncer de Estados en mayo de 2019 mostró que el 56% de los adultos del país afirman tener algún tipo de dificultad para pagar las facturas médicas. (...) Un estudio llevado a cabo en 2009 por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard evidencia que 45.000 estadounidenses mueren cada año como resultado directo de no tener un seguro de salud. En 2018, 27,8 millones de estadounidenses no tuvieron ningún tipo de seguro de salud durante todo el año. (...) A pesar de que millones de estadounidenses posponen tratamientos médicos debido a su elevado coste, Estados Unidos es el país desarrollado que más gasta en atención sanitaria, si bien esto no se traduce en buenos resultados y cada vez son menos las personas con cobertura médica. Según un estudio de 2017, Estados Unidos se sitúa en la posición número 24 de una clasificación mundial relativa a objetivos de salud pública marcados por las Naciones Unidas». (El diario: es; El sistema sanitario de EEUU mata: el 25% de la población no se puede permitir el tratamiento médico que necesita, 12 de enero de 2020)

Como es bien sabido, el sistema público estadounidense está altamente desequilibrado, siendo que muchos ciudadanos prefieren contratar los servicios de un taxi o similares para ser trasladados al hospital en caso de emergencia al no poder pagar la factura de una ambulancia, y con un seguro médico que depende del trabajo y que, en caso de ser desempleado, se pierde –hoy existen aproximadamente 27 millones de personas sin tal seguro médico–. Imagínese el lector como se podrá gestionar una pandemia en un país donde una operación de apéndice ronda los 25.000 euros, junto a un presidente que recomienda beber lejía para combatir el virus. 

En España ocurre algo parecido. Los datos generales enmascaran una realidad muy diferente de lo que dicen los defensores de sistemas privados:

«El gasto público en sanidad en España creció 3.203 millones en 2019, es decir un 1,22%, hasta 79.315,8 millones de euros, con lo que representó el 15,28% del gasto público total. Esta cifra supone que el gasto público en sanidad en 2019 alcanzó el 6,37% del PIB, una subida 0,04 puntos respecto a 2018, en el que fue el 6,33% del PIB. En 2019, España se mantuvo en la misma posición en el ranking de países por importe invertido en sanidad, en el puesto 10. En cuanto a su proporción respecto al PIB, ha mantenido su posición en el puesto 26». (Datosmacro.com; Gasto público Salud por países, 2020) 

Pero, respondiendo a la pregunta del millón, ¿qué han hecho las comunidades autónomas a nivel regional para complementar las vagas disposiciones del gobierno central?:

«La sanidad pública española lleva años funcionando al 100%. Desde el 2010, tanto los gobiernos de España como los de sus diferentes autonomías –la sanidad es una competencia transferida– aprobaron una serie de recortes sanitarios que debilitaron el sistema y que lo dejaron desnudo a la hora de afrontar, entre otras cosas, esta excepcional crisis sanitaria causada por la pandemia de coronavirus. Según el sindicato Metges de Catalunya (MC), Catalunya perdió, en los últimos años, unos 900 médicos de atención primaria –aunque a raíz de la huelga del 2018 se recuperaron en torno a 250– y mil camas de agudos». (El periódico; La sanidad pública de España, al límite tras años de recortes, 18 de marzo de 2020)

En 2010, Comunidad de Madrid disponía de 3.37 camas por cada 1.000 habitantes, mientras que en 2017 la tasa era de 3.14. Actualmente dispone de un 4,5% menos. En 2010, Cataluña disponía de 4.30 camas por cada 1.000 habitantes, mientras que en 2017 la tasa era de 4.16. Actualmente dispone de un 1,5% menos. En 2010, Cantabria disponía de 3.78 camas por cada 1.000 habitantes, mientras que en 2017 la tasa era de 3.45 Actualmente dispone de un 8,5% menos. Véase el artículo «Si España fuera la mejor sanidad del mundo no necesitaríamos héroes contra el Covid-19» del 29 de marzo de 2020.

He aquí algunos datos más que demuestran que sí ha habido recortes, pese a lo que digan los negacionistas:

«España destina un 5,9% de su PIB al gasto sanitario público y Catalunya, un 3,9%. La media europea es del 7,5%. Mientras tanto, aparecen nuevas necesidades de atención primaria y aumentan los cuidados a largo plazo por el envejecimiento. (...) La Comisión Europea señala que los pagos directos por medicamentos aumentaron en España entre el 2010 y el 2014. Disminuyeron un poco en el 2015 hasta alcanzar el 24% del gasto sanitario total en el 2017. El porcentaje está muy por encima de la media europea, situada en el 16%. (...) La ratio de enfermeras está en 5,7 por cada mil habitantes: la media europea es del 8,5. Todos los sanitarios han acusado un aumento de los contratos temporales y parciales. Según CCOO, el 30% de todos los empleados tenía un contrato temporal en el 2017, frente al 27% en el 2012. (...) El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), en el 2018, señaló que entre el 2011 y el 2015 el gasto sanitario privado creció a una media de un 2,8% anual, mientras el gasto público cayó a una tasa de un -0,8% anual». (El periódico; La sanidad pública de España, al límite tras años de recortes, 18 de marzo de 2020)

Veamos algunos rasgos de estas medidas tomadas durante años:

«En su informe 'State of Health in the UE. España. Perfil sanitario nacional 2019', la Comisión Europea (CE) destaca que «una importante parte» de los profesionales sanitarios tienen «contratos temporales», lo que «aumenta la tasa de rotación del personal». La Comisión incide especialmente en que el porcentaje de enfermeras por ratio poblacional está «muy por debajo» de la media de la Unión Europea (UE): 5,7 por cada mil habitantes frente al 8,5 europeo. «Hay una inquietud creciente sobre la escasez de enfermeras y médicos, en particular de médicos de familia, ya que muchos se aproximan a la edad de jubilación», recoge el informe. En Catalunya faltan unas 17.000 enfermeras, según el Consejo General de Enfermería. (...) Esta situación la viven también otras comunidades autónomas. «En la Comunidad de Madrid se hicieron recortes y reformas sin ningún tipo de planificación. Se construyeron siete hospitales de concesión privada, pero en total disminuyó el número de camas –se cerraron en los públicos–», denuncia Miguel Ángel Sánchez Chillón, presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (Icomem). «Hubo recortes en personal y en la renovación de material. Ahora se nos ven más las costuras». (El periódico; La sanidad pública de España, al límite tras años de recortes, 18 de marzo de 2020)

La excusa de la privatización sirvió además para que algunos, gobiernos autonómicos, como el de Madrid, gobernado por el PP en los años dorados de Esperanza Aguirre, se llenasen los bolsillos con esta trama de creación de hospitales concertados mediante el tráfico de influencias y comisiones:

«El PP madrileño logró desviar alrededor de tres millones de euros de la construcción de hospitales y centros de salud a su ‘caja B’ valiéndose de la cláusula del 1%, un mecanismo aprobado por los máximos responsables del partido en la etapa investigada por el 'caso Púnica' y en el que también se apoyaron otras siete consejerías de la Comunidad de Madrid para desviar fondos públicos. (...) En el caso concreto de Sanidad, la Consejería aprovechó para el desvío la puesta en marcha del llamado ‘Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007’ para la financiación de la construcción de nuevos hospitales y centros de salud, que «confirió la cobertura oportuna», dice el magistrado, para introducir en los pliegos de las licitaciones de los contratos la cláusula del 1%». (RTVE; Caso Púnica Así funcionaba la cláusula del 1%: tres millones de euros de la Sanidad madrileña desviados a las arcas del PP, 3 de septiembre de 2019)

Hablando de desfalcos y derroches tenemos como ejemplo la última gran maniobra de la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso y su hospital:

«Los únicos profesionales contratados para la puesta en marcha del nuevo hospital de pandemias de Madrid serán los 1.350 obreros que trabajan día y noche para tenerlo listo a principios de noviembre. A partir de ahí, la Comunidad de Madrid no contratará a médicos, enfermeros ni celadores para operar en un centro de 80.000 metros cuadrados, más de 1.000 camas de hospitalización y 48 camas uci. Sino que conformará una plantilla de sanitarios a costa de diezmar las plantillas ya tensionadas de la red hospitalaria de Madrid». (La Vanguardia; Ayuso inaugurará el nuevo hospital de pandemias sin contratar personal sanitario, 27 de octubre de 2020) 

Ayuso se jactaba de «realizar la proeza» de construir un hospital en tres meses para tratar enfermos de coronavirus –al parecer la proeza le corresponde a ella y no a los 1.350 obreros– y resulta que será a costa de reducir personal del resto de hospitales, lo que significa que es como si no hubiera hecho nada, por que no resuelve ni la situación de la falta de personal sanitario ni la falta de camas para los pacientes. Por si la situación no se pareciera ya suficientemente a una broma, ahora ofrece el hospital como almacén para la futura vacuna que nadie sabe cuándo vendrá ni si será efectiva aún. El coste de todo este embrollo ha sido de nada más que 100 millones de euros de momento. Viendo el historial de su partido llevará un tiempo desembrollar el trafico de influencias y la corrupción involucradas en esta trama.

Aunque lo intenten ocultar los jefes del PSOE, su partido también ha sido partícipe de la política de recortes en sanidad pública:

«El Gobierno ha enviado una carta a once comunidades autónomas en la que pide un plan de ajuste y recortes en el gasto sanitario. Son aquellas que, argumenta el ejecutivo, han superado el límite de endeudamiento acordado en los presupuestos que aprobó en 2018 el Gobierno de Mariano Rajoy». (Cadena Ser; El Gobierno exige a 11 comunidades que apliquen recortes en el gasto sanitario, 31 de julio de 2019)

¿En cuánto se tradujo esa demanda?:

«Pedro Sánchez recorta el gasto sanitario en una décima del PIB y congela otras partidas como Educación o protección del medio ambiente. El PSOE prometió a Podemos elevar la partida hasta el 7% del PIB en 2023, pero ahora la recorta y la deja en sólo el 5,9%». (La Razón; Los «recortes» de Sánchez a la sanidad pública: 1.200 millones menos en 2020, 20 de octubre de 2019)

Algunos líderes han proclamado orgullosos durante años que España tiene el mejor sistema sanitario, o al menos, uno de los mejores, obviamente en las listas suelen utilizarse criterios bastante simplones:

«Ahora que los hospitales están saturados y un elevado porcentaje de los trabajadores sanitarios están contagiados de Covid-19 por tener que enfrentarse a cientos de casos cada día sin los equipamientos de protección individual adecuados, comenzamos a intuir que, quizá, la raíz del problema fue pensar que ese tipo de informes medían qué Sanidad es mejor como si fuese una clasificación mundial de tenistas. El estudio del Foro Económico Mundial, por ejemplo, medía la 
«esperanza de vida saludable», no la calidad de la asistencia sanitaria. Otro de los informes que suele echar troncos a la caldera de este mito es el de Bloomberg, que en su última edición nos situaba terceros del mundo tras Hong Kong y Singapur. Pero, de nuevo, lo que este informe mide es la eficiencia de los sistemas sanitarios, nada más. La nota final se basa en un 70% en la esperanza de vida, un 20% en el gasto relativo al PIB y un 10% el gasto absoluto en sanidad. Evidentemente, tenemos tendencia a exagerar aquellos informes que nos dejan en mejor lugar. El problema es que uno de los más completos, el que elabora anualmente el Commonwealth Fund con base en 80 indicadores Bloomberg usa solo tres solamente incluye 11 países entre los que no está España. Más allá de esto, si uno busca estudios que clasifiquen distintos sistemas sanitarios puede encontrarlos, pero midan lo que midan no sitúan a España en su podio». (El Confidencial; Si España fuera la mejor sanidad del mundo no necesitaríamos héroes contra el Covid-19, 29 de marzo de 2020)

Debe entenderse que una alta esperanza de vida puede ser debido a múltiples factores como el clima, la alimentación, geografía, comunicaciones, etc. La realidad es que el viejo mito de la «fortaleza de la sanidad pública española» ya no tiene más recorrido

Estamos seguros de que, pese a estos datos que algunos desconocen o no recuerdan, los más crédulos, utópicos, y demagogos nos asegurarán que gracias a esta crisis «el sistema ahora sí puede ser reformado», que esta crisis será «el momento perfecto para concienciar a los de arriba y a los de debajo de que se debe asentar una sanidad universal de calidad para que algo así no vuelva a suceder». Esta es una promesa muchas veces hecha que nunca se ha cumplido y que no va a cumplirse tampoco ahora. Es más, el principal actor de dicha promesa será la falsa «izquierda» del PSOE, aunque estamos seguros que su lacayo Podemos y otras organizaciones menores se esforzarán por vender el nuevo relato. Pero el grupo que los capitanea no solo ha sido autor de recortes en sanidad, sino que también:

«Es el culpable de la adhesión de España a la OTAN y a la Unión Europea, conocido además por las medidas de desindustrialización, terrorismo de Estado, y conocidos casos de corrupción en los 80 y 90. Para muestra un dato: las mayores huelgas del postfranquismo se han producido durante los gobiernos del PSOE en la era de Felipe González, el cual atacó la sanidad, las pensiones, la educación y los derechos laborales». (Equipo de Bitácora (M-L); Las elecciones, la amenaza del fascismo, y las posturas de los revisionistas, 2019)

Tener fe en que con el PSOE-Unidas Podemos se puede redimir de sus pecados capitalistas, es desconocer las leyes económicas que operan en el capitalismo, incluyendo las empresas estatales:

«¿Y es que acaso si los Estados Unidos de Obama nacionalizara-estatizara la mayoría de sus empresas dejaría de ser un país imperialista o seguiría siendo un país con un amplio sector estatal capitalista? ¿Dejaría de dominar la burguesía estadounidense o es el capitalismo de Estado una forma de dominación colectiva de la burguesía? ¿Acaso la socialdemocracia nórdica cuando creaba un sector estatal que ocupaba gran parte de su economía estaban creando socialismo o creaban capitalismo de Estado porque esas empresas se regían por métodos y leyes capitalistas? La respuesta para todo marxista en estas preguntas es siempre la segunda opción por supuesto. La burguesía históricamente dependiendo del momento ha usado las nacionalizaciones, la propiedad de tipo estatal y cooperativa pero ello no ha alterado el carácter capitalista de las relaciones de producción. Marx y Engels ya explicaron los ejemplos de varios países que nacionalizaban las empresas tabaqueras, de transporte y grandes sectores sobre todo en casos de guerra. O si leemos a Lenin veremos cómo hablaba de que los monopolios estatales agrandaban las ganancias de la burguesía, la corrupción y como también estaban interrelacionados con la creación y saneamiento de los monopolios privados». (Equipo de Bitácora (M-L); Algunas cuestiones económicas sobre la restauración del capitalismo en la Unión Soviética y su carácter socialimperialista, 2016)

Esto es una evidencia, puesto que:

«Si el capitalismo pudiera adaptar la producción no a la obtención del máximo de beneficios, sino al mejoramiento sistemático de la situación material de las masas populares, si pudiera hacer que los beneficios no sirviesen para satisfacer los caprichos de las clases parasitarias, para perfeccionar los métodos de explotación y para exportar capitales, sino para elevar de manera sistemática la situación material de los obreros y campesinos, no habría crisis. Pero entonces el capitalismo dejaría de ser capitalismo. Para suprimir las crisis, hay que suprimir el capitalismo». (Iósif Vissariónovich Dzhugashvili; Stalin; Informe Político del Comité Central ante el XVIº Congreso del Partido Comunista (bolchevique) de la Unión Soviética, 29 de junio de 1930)

Aquellos que dicen que los periodos de crisis, sea la época que sea, pueden servir para purificar espiritualmente a los seres humanos y reformar la sociedad pacíficamente no podrían ser más ilusos. Según esta gente los ricos se volverían clementes y cabales ante los intereses generales de la población; la filantropía ocasional y con claras intenciones de marketing se convertiría ahora en una norma general del sistema, estupidez colosal donde las haya, si esto sucediera sencillamente los capitalistas dejarían de ser capitalistas.

Lenin dedicó un escrito demoledor hacia las ilusiones que profesaban los seguidores del «socialismo municipal» de los fabianos ingleses, unos utópicos de planes reformadores para escapar de los males del capitalismo:

«La utopía filistea y reaccionaria de la realización parcial del socialismo aparece con singular claridad como una causa perdida. Se traslada la atención a la esfera de las cuestiones menudas de la vida local, no al problema de la dominación de la burguesía como clase, no al problema de los instrumentos principales de esta dominación, sino al problema referente a cómo gastar las migajas arrojadas por la burguesía nea para «atender a las necesidades de la población». Se comprende que si se destacan estos problemas relacionados con el gasto de sumas insignificantes –en comparación con la masa total de plusvalía y con la suma total de gastos estatales de la burguesía– que la propia burguesía accede a entregar con destino a la sanidad pública –Engels señalaba en «El problema de la vivienda» que las epidemias contagiosas en las ciudades asustan a la propia burguesía–, con destino a la instrucción pública –¡la burguesía no puede prescindir de obreros instruidos, capaces de adaptarse al elevado nivel de la técnica!–, etc., en la esfera de problemas tan menudos es posible perorar acerca de la «paz social», de los efectos nocivos de la lucha de clases, etc. ¿De qué lucha de clases se puede hablar aquí, si la propia burguesía gasta dinero para «atender a las necesidades de la población», para sanidad y para instrucción pública? ¿Para qué hace falta la revolución social, si a través de la administración autónoma local se puede ampliar poco a poco y gradualmente la «propiedad colectiva», «socializar» la producción: los tranvías de caballos y los mataderos a que hace referencia tan a propósito el honorable Y. Larin? El oportunismo filisteo de esta «corriente» consiste en que se olvidan los estrechos límites del llamado «socialismo municipal» –de hecho, capitalismo municipal, como dicen con razón los socialdemócratas ingleses, al rebatir a los fabianos–. Se olvidan que, mientras la burguesía domine como clase, no puede permitir que se toque ni siquiera desde el punto de vista «municipal» las verdaderas bases de su dominación; que si la burguesía permite, tolera el «socialismo municipal», es justamente porque éste no toca las bases de su dominación, no lesiona las fuentes serias de su riqueza, abarca exclusivamente la estrecha esfera local de gastos que la propia burguesía entrega a la gestión del «pueblo». (Vladimir Ilich Uliánov, Lenin; Programa agrario de la socialdemocracia en la primera revolución rusa de 1905-1907, 1907)

Esta es una crítica que hoy mantiene toda su vigencia. Es por ello que: 

«Mientras exista el modo de producción capitalista, será absurdo querer resolver aisladamente la cuestión de la vivienda o cualquier otra cuestión social que afecte la suerte del obrero. La solución reside únicamente en la abolición del modo de producción capitalista, en la apropiación por la clase obrera misma de todos los medios de subsistencia y de trabajo». (Friedrich Engels; Contribución al problema de la vivienda, 1873)

Poco más que decir entonces...». (Equipo de Bitácora (M-L); Algunas consideraciones sobre el COVID-19 [Coronavirus], 2020)

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