Reflexiones necesarias sobre las luchas progresistas dentro del capitalismo

«Ello demuestra que si bien el régimen actual de monarquía parlamentaria no ha podido resolver varios temas importantes como por ejemplo la cuestión nacional, si es considerablemente más progresista que el régimen franquista en la materia legislativa de estos temas civiles, salta a la vista que no presenta el «corpus jurídico» de un régimen fascista, sino democrático-burgués moderno. Solo un ignorante diría que un régimen fascista aprobaría leyes que intenten paliar aunque sea un poco la situación de la mujer, de los homosexuales, los discapacitados, los inmigrantes, como las que se han institucionalizado en varios países sobre todo de Europa durante las últimas décadas. 

Estas medidas [progresistas] también implementadas en algunos países con júbilo durante las últimas décadas, no han supuesto «el triunfo definitivo y eterno de la democracia burguesa y sus valores liberales» ni la «demostración de la validez del sistema», pues el capitalismo lleve a cuestas la envoltura que lleve [democrático-burguesa o fascista] no puede escapar a sus contradicciones inherentes, por ello asistimos en la misma Europa o América a una abolición de este tipo de leyes aprobadas previamente: se han ido perdiendo este tipo de derechos y libertades en materia de expresión, asociación y  reunión, se han ido endureciendo las condiciones de vida y trabajo abaratando, los servicios públicos de sanidad y educación se han vuelto precarios y  cada vez se dificulta más el acceso a la población, se han retirado los planes sociales para asistir a enfermos o ancianos, se han ido tomando medidas en favor de políticas restrictivas de inmigración, se han derogado algunos de los derechos efectivos de igualdad entre el hombre y la mujer, se ha endurecido las medidas sobre el aborto, se han aplicado nuevas leyes antiterroristas que criminalizan a diferentes movimientos político-sociales, se han emitido amnistías fiscales a las empresas que no cotizaban en el país mientras se subían los impuestos directos e indirectos a los trabajadores, se han promulgado leyes y decretos que concentran los poderes judiciales en manos del ejecutivo, se ha legislado a favor de financiar al clero y darle más poderes en la educación, se han promovido la congelación de las pensiones o la estimulación de planes privados de las mismas, se han creado leyes para que pagar el rescate de los bancos sea un deber legal de la nación esquilmando aún más a los trabajadores, se han implementado leyes sobre la inversión extranjera y se han dado luz verde a proyectos empresariales extranjeros que dañan el medio ambiente e incluso violan las propias constituciones burguesas de los países en cuanto a soberanía nacional. Y como esto, un innumerable etcétera de retrocesos que se han visto –más allá de las variaciones entre sus sistemas políticos– en diversos países como Francia, España, Rusia, Polonia, Hungría, Nicaragua, Brasil, Italia, Venezuela, Chile, y un sinfín de países más. A su vez otros países han avanzado en estas materias bien por las necesidades de las clases explotadoras de verse obligadas a remodelar sus leyes, bien por las luchas populares y los intentos de la clase dominante de calmar la situación, mezcla de ambas o por las razones que sean. Pero es claro que en el capitalismo las libertades y derechos conquistados deben de ser defendidos con uñas y dientes por los trabajadores pues la burguesía siempre tratará de arrebatárselos o de no aplicarlos. Se debe presionar para conservarlos pero sobre todo para que una vez aprobados se apliquen, mostrando las contradicciones de un sistema burgués que no quiere ni siquiera aplicar lo estipulado según sus reglas. Todas estas luchas preparan a las masas en diversas movilizaciones, crea conciencia sobre sus intereses propios, y prepara a los trabajadores para lanzarse a pelear por sus intereses máximos, siendo la forma más elevada: la revolución». (Equipo de Bitácora (M-L); Estudio histórico sobre los bandazos oportunistas del PCE(r) y las prácticas terroristas de los GRAPO, 30 de junio de 2017)