«Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos sólo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Que las clases dominantes tiemblen ante una Revolución Comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar». (Karl Marx y Friedrich Engels; «Manifiesto del Partido Comunista», 1848)

domingo, 15 de diciembre de 2013

Sobre el por qué la democracia burguesa no es una respuesta a las contradicciones del capitalismo

Queríamos abordar dos temas de actualidad que por causas de tiempo no hemos podido. Se trata de dos acontecimientos que y aunque aparentemente sin ninguna conexión, guardan una esencia intrínseca dentro de la dictadura de la burguesía que todo marxista-leninista debe de comprender, y luego de ello trasladarlo a las masas. Nos estamos refiriendo al caso de las leyes «mordaza» y de «seguridad privada» en el Estado español; y del otro lado del atlántico, en el Estado colombiano, el caso de la destitución del alcalde de Bogotá, Petro, por el procurador del Estado. Observemos:

1. En ambos casos se observa como la democracia burguesa se proyecta al control del conjunto social a través del marco legal existente, o bien modificándolo para salvaguardar sus intereses de clase;

2. En el caso español su objetivo es el control del entorno antes un posible estallido social debido a las políticas desarrolladas por el Estado ante la aguda crisis económica, todas encaminadas en su conjunto a despojar de derechos económicos, políticos y sociales a las mayorías; es decir, tratan de evitar mediante «coerción» y «código penal del enemigo» que se den las condiciones objetivas y subjetivas que posibiliten el desarrollo de un proceso más o menos progresista frutos de ese presumible estallido social.

3. En el caso de Petro en Colombia -y aunque expresión del Estado burgués existente, con un cierto perfil «progresista»- la democracia burguesa valiéndose del marco legal existente procede destituyendo e inhabilitando al sujeto en cuestión por sus políticas de tendencia socialdemócrata, de este modo la dictadura de la burguesía actúa a través de la instituciones del Estado evitando cualquier transformación que perjudique a la clase dominante, por mínima que esta sea. Mínima porque en ningún momento se cuestionan las bases económicas que permiten a esa clase detentar el poder.

4. Y aquí es donde queremos llegar: la democracia en general -ya sea dictadura de la burguesía o del proletariado- es una expresión del Estado clasista, no está por encima del Estado como quieren hacernos creer burgueses y revisionistas, sino que surge del Estado para crear una situación de «convivencia pacífica» entre las clases antagónicas que conforman el conjunto social en donde la clase que tiene el poder será la que domine la política general de esa democracia. Pero hay una diferencia, mientras en la democracia burguesa se actúa para mantener los antagonismo de clase inamovibles mediante la protección del Estado capitalista; la democracia popular-proletaria bajo la «dictadura del proletariado» se encamina a destruir completamente los antagonismo de clase objetivos y subjetivos; es decir, para el marxismo-leninismo el Estado y la democracia solo son instrumentos que permitirán la construcción de la sociedad sin clases. Llegados a ese punto -la sociedad sin clases-, ni el Estado, ni la democracia, ni siquiera el partido proletario serán necesario, en tanto dejarán de existir como expresiones de clase.

El documento [recopilación]:




“El tiro con el que intentaba matar políticamente al alcalde Gustavo Petro, le está saliendo por la culata”

Por Marta Ruiz

El tiro con el que intentaba matar políticamente al alcalde Gustavo Petro, le está saliendo por la culata. En lugar de ganarse el aplauso popular por destituirlo e inhabilitarlo, logró el milagro de unir a medio país contra él mismo. Y, muy a su pesar, le dio un vigor inusitado a la campaña política de la izquierda. Ahora la unidad de la Alianza Verde, la UP y varios de los movimientos sociales tiene una bandera de largo aliento: la defensa de la democracia. Ordoñez también tiene en alza la popularidad de un Petro convertido en mártir.

Hay quien se pregunta cándidamente por qué las otras 700 destituciones de Ordoñez no causaron tanto revuelo. Sencillamente porque ésta lleva una carga de profundidad muy bien calculada. No es un problema solo de las excesivas facultades que se abroga la Procuraduría, ni de la borrachera de poder de Ordoñez, ni siquiera de las muy cuestionadas marrullas clientelista que lo han hecho intocable. El problema de fondo es que si no se garantiza el pluralismo, no es posible la paz, como lo señaló, acertadamente, Kevin Whitaker, próximo embajador de Estados Unidos en Colombia. Y Ordoñez lo sabe muy bien. Justamente, ese es su mensaje: el pluralismo es una quimera en Colombia.

El mensaje es para las FARC. Porque con la destitución de Petro lo que el Procurador le está notificando a la guerrilla es que la derecha colombiana puede tolerarlos en las urnas, pero no gobernando. Que la derecha no dejará prosperar ideas de corte socialista, ni dejará entrar el fantasma de la “estatización” en la administración pública. Que si son elegidos, no podrán poner en práctica sus ideas.

Observen sino los argumentos de Ordoñez para liquidar la carrera política de Petro. La mayoría son una defensa a raja tabla de la libre empresa, no de los ciudadanos, ni de la ciudad ni del Distrito. Son los empresarios del aseo, y sus magníficas ganancias los que le quitan el sueño.

Pero Ordoñez ha hecho otro milagro, y es convertir la calle en un escenario de la política. La movilización de esta semana no ha sido por la papa, ni por el café ni por la salud ni la educación. Han sido por algo hasta hace poco intangible y devaluado entre la opinión pública: la democracia. Los bogotanos, que se aguantaron impasibles el saqueo de Bogotá, se han volcado a las calles para ponerle freno la gula de Ordoñez. Porque no hay cosa que indigne más a la gente que los abusos que provienen del propio Estado.

Muchos sectores del establecimiento tiemblan ante la movilización social. Se olvidan que esta es un instrumento de la democracia y no siempre una herramienta de los populistas. La movilización es la que ha permitido que salgan adelante las agendas de cambio más importantes que ha tenido el país.

Así lo entendió Carlos Lleras cuando creó la ANUC para darle vida a su reforma agraria de los años sesenta, y también un sector importante de las clases medias cuando empujaron la Séptima Papeleta que hizo posible la Asamblea Nacional Constituyente. La movilización, más que un riesgo, es un presagio de cambio. Una sed de cambio.

En este escenario creado por Ordoñez, la nueva alianza de la izquierda tiene todo para crecer y convertirse en el fenómeno político de las próximas elecciones: una ciudadanía inconforme, la bandera de la democracia en sus manos, una esperanza de paz en el horizonte, y la mirada vigilante de la comunidad internacional. Mejor imposible.


ANNCOL


Contundente respuesta popular en Madrid contra la ‘Ley Mordaza’


Miles de personas tomaron las calles de Madrid este sábado concentrándose en los alrededores del parlamento español en repudio a la ‘Ley de Seguridad Ciudadana’, popularmente conocida como ‘Ley Mordaza’ por penalizar y criminalizar la protesta social.

Ante un gran despliegue policial de 1.500 agentes, los manifestantes marcharon por las calles de la capital con una gran pancarta en la cabecera en la que se podía leer “No pasarán, no a la Ley Mordaza”, lema escogido para la movilización convocada por la ‘Coordinadora 25-S’, que fue seguida en la red social twitter con las etiquetas #14D y #RodeaElCongreso.

Con cánticos de protesta como “Libertad de expresión”, “La voz del pueblo no es ilegal” o “Viva la lucha de la clase obrera”, los asistentes explicitaron el rechazo popular a esta Ley ideada por el gobernante Partido Popular (PP), que pretende acallar y reprimir el malestar social generado por las políticas capitalistas impuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy bajo recomendación de la Troika, conformada por el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea (CE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según diversas organizaciones, la ‘Ley de Seguridad Ciudadana’ tiene como objetivo “aniquilar” libertades básicas como las de reunión, participación política y de expresión, y además busca “preparar un terreno de ciudadanos apáticos y silenciosos” para evitar nuevas protestas contra las medidas neoliberales.


Batalla campal


Tras marchar desde la Plaza de Neptuno (punto de inicio) hasta la Puerta del Sol, hacia las nueve de la noche, comenzaron las cargas policiales contra los manifestantes con el objetivo de disolver la protesta. La acción de los agentes provocó la dispersión de los asistentes por las calles adyacentes a la plaza y una respuesta popular frente a la represión policial.

De esta manera se iniciaron los disturbios y centenares de personas contestaron a las cargas de los antidisturbios con una lluvia de botellas y objetos. Los enfrentamientos se saldaron con un balance de 9 ciudadanos heridos con torceduras, contusiones y cortes y uno de ellos que tuvo que ser trasladado a un hospital.

Según informó la policía se produjeron 7 detenciones y 40 identificaciones.


LibreRed


Otra vuelta de tuerca: Los vigilantes privados podrán registrarte y detenerte legalmente


En un paso más hacia el estado represivo al que aspira el Partido Popular, la Comisión de Interior de la Cámara aprobó con el apoyo de PP, CiU y PNV, la “Ley de Seguridad Privada”, que permitiría legalmente el patrullaje en espacios abiertos como “zonas comerciales peatonales” y, como consecuencia, “permite realizar detenciones y registros en la vía pública ante flagrante delito” según informa el diario “El País”, todo ello en coordinación, si fuere necesario, con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Esta nueva indolencia que el PP ha instigado, profundiza en el progresivo adelgazamiento de lo público incluyendo y ampliando, en este caso, el aparato represor del Estado con estas medidas.

Con esta medida se regula a efectos legales las prácticas que vulneraban los derechos ciudadanos y se intenta institucionalizar lo que de hecho ya se estaba llevando a cabo en zonas comerciales y en las zonas industriales del extrarradio en las grandes ciudades. Todo ello ha provocado la indignación y la oposición frontal del los grupos socialista, Izquierda Plural y UPyD.

En su preámbulo la norma lo deja bastante claro: “se ha aprovechado para realizar una necesaria matización del principio general de exclusión de la seguridad privada de los espacios públicos, cuya formulación actual, excesivamente rígida, ha dificultado o impedido la necesaria autorización de servicios en beneficio del ciudadano, que resulta hoy obsoleta”.

En contra de dicha regulación, Rubalcaba insiste en que “las empresas privadas ganan más dinero mientras los ciudadanos pierden más derechos”.

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Comisión de Interior, Antonio Trevín, adujo que la ley “rompe con la concepción de la seguridad ciudadana como servicio público atribuida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que, a partir de ahora, sus funciones podrán ser ejercidas por la seguridad privada según el criterio económico, es decir, lo que sea más barato”. “Solo podrán pagarse labores de protección aquellos que tengan recursos para ello”, aseguró Ricardo Sixto, de Izquierda Plural. “El Estado se ha echado a un lado por una cuestión presupuestaria. Es innegociable que las fuerzas de seguridad tengan el monopolio de la seguridad en un Estado”, aseguró Toni Cantó, de UPyD.


Diario Octubre

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