En documento anteriores nos hemos referido al proceso soberanista de Catalunya tal y como se presenta como la expresión inmediata de dos nacionalismos, igualmente burgueses, igualmente represivos, igualmente perjudiciales para las grandes mayorías trabajadoras; con el añadido de que ambos defienden sus posturas desde falacias burdas como absurdas, en donde los medios de comunicación bajo dominio de uno u otro bando hacen una interpretación meramente propagandística de los hechos en desarrollo. Observamos además como sectores que se pretenden de «izquierda», sin ninguna idea clara de lo que se persigue, apuestan por mostrarse como aliados y defensores de un proyecto burgués que pretende un Estado igual o más represivo que el español que se puede identificar en: (1) la brutalidad represiva de la policía autonómica –«Mossos d'Esquadra»–, y la protección de esos cuerpos por la justicia, (2) los muertos sistemáticos en los Centro de Internamiento de Extranjeros, (3) los centros de vigilancia electrónica y ciudadana, (4) los convenios firmados con el Estado nazi-sionista de Israel, especialmente en materia de educación y militar, (5) el vaciamiento de contenido de la Seguridad Social, (6) la privatización de servicios públicos como el agua, así como de las redes viales (7) los elevadísimos salarios de los funcionarios electos y camarilla cooptada, incluso superior a la del Estado español, etc.
No obstante, no es a ello que nos queremos referir en esta ocasión, sino a la anulación del proceso de consulta y al acato de la administración autonómica, varias cosas:
1. Ha de saberse que la «Generalitat de Catalunya», en tanto todos sus órganos e instituciones, en tanto su ejecutivo con Artur Mas i Gavarró a la cabeza, no es una órgano de gobierno propiamente catalán, ni mucho menos una expresión soberanista como mucho la han querido entender. En realidad se trata de la expresión del Estado democrático-burgués español en Cataluña surgida en el postfranquismo –en el que aún se está inmerso en algunos puntos como ocurre en todos los países que vienen de un régimen así–, cuyo objeto era mantener una cierta cohesión social en la postrimería de la dictadura franquista, mediante la concesión autonómica en campos económicos, políticos y sociales. De hecho, «Convergència i Unió» (CIU) dirigida por entonces por el corrupto Jordi Pujo jugó un papel determinante en mantenimiento de la estabilidad del Estado Español que mantuvo pactos directos con los herederos del franquismo, ya fuera con el Partido Socialista Obrero Español –partido de carácter socialdemócrata-liberal– o con el Partido Popular –partido de carácter neoliberal–. Y aunque si bien el gobierno autonómico goza de cierta autonomía, sus funciones están limitadas a competencias determinadas por ley.
2. El hecho de que se suspenda la consulta demuestra que la «Generalitat de Catalunya» se entiende así misma como una expresión del Estado español; más aún, se somete voluntaria y completamente a la justicia española que por otro lado ostenta un marco legal y su visión del Estado que niega el derecho a autodeterminación como ocurría durante la II República o durante el Franquismo. Es decir, voluntariamente, y a pesar de que la consulta no es más que eso, una consulta, y considerando el marco legal que juzga, es evidente que el resultado de las deliberaciones del Tribunal Constitucional se opondrá a cualquier posible independencia, negando tal derecho a la autodeterminación, que es un derecho inalienable.
3. El punto anterior nos demuestra que este ejercicio de fuerza dirigido por «Convergència i Unió» aspira a dos objetivos según el escenario: por un lado, en caso de éxito, a la independencia y a la estructuración de un Estado burgués; por el otro, la no independencia, pero conquistando mayores competencias para el gobierno autonómico, especialmente en materia fiscal –dada las actuaciones creemos que este es el objetivo primario–. Es precisamente por esta razón que el nacionalismo español actúa impidiendo la consulta, su objetivo es que no se lleve a cabo para no verse obligado a: o bien tener que dar concesiones al gobierno autonómico; o bien tener que llamar a una consulta vinculante.
4. Sobre la consulta hay que decir que no es vinculante –es decir, que sus resultados no tienen ninguna importancia si triunfara para la estructuración del Estado español–, de hecho y al poco observar nos daremos cuenta que es mucho menos ambiciosa que el plan presentado por la burguesía vasca en su momento con el llamado «Plan Ibarretxe».
5. Y el otro factor que no se está considerando en esta fórmula es el Ejército Español, una institución que por mandato constitucional postfranquista sigue preñado de grandes rasgos del franquismo, o simplemente y en resumidas cuentas donde convergen los elementos más reaccionarios del país, y es como ellos mismos se enorgullecen y otros le reclaman, responsables de mantener la «unidad de España».
El documento:
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Izq a decha: Josep Antoni Duran, Artur Mas, Jordi Pujol
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Cataluña presenta recursos al Tribunal Constitucional para que se anule la suspensión de la consulta
La Generalitat de Cataluña se dirigió al Tribunal Constitucional pidiendo el "levantamiento inmediato" de la suspensión de la consulta prevista para el 9 de noviembre.
Cataluña ha presentado dos recursos para que se anule la suspensión. "La Constitución y el Estatut llaman al legislador a promover y facilitar las libertades ideológicas y de expresión, así como la participación política de los ciudadanos", alega la Generalitat, citada por Europa Press.
El martes la Generalitat de Cataluña ha suspendido la campaña de convocación de la consulta popular sobre la independencia que originalmente estaba prevista para el 9 de noviembre. Decide presentar sus alegaciones ante el Tribunal Constitucional de España.
El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha asegurado que la campaña institucional se ha retirado de forma cautelar y temporal y que "nada se ha terminado". "Hay una situación procesal que no se pasa por alto pero la pretensión es continuar –explicó a la prensa–. Haremos las cosas cumpliendo los compromisos adquiridos y ajustados al derecho".
Unas horas después miles de manifestantes han salido a las calles en Cataluña para protestar contra la decisión del Tribunal Constitucional de España.
La Policía catalana ha desalojado la acampada frente a la Delegación del Gobierno español en Barcelona, donde los manifestantes plantaron una veintena de tiendas para pedir que se celebre la consulta soberanista.
Convocados por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), un influyente grupo de presión por la independencia, y a pesar de la insistente lluvia los manifestantes marcharon frente a los ayuntamientos para mostrar su malestar por la impugnación de la Ley de Consultas catalana por parte del Gobierno central, lo que implicó la suspensión de la norma y de la consulta.
El pasado 27 de septiembre, el presidente de la Generalitat, Artur Mas firmó el decreto de convocatoria de la consulta soberanista. Anteriormente el Parlamento de Cataluña aprobó la ley de consultas con 106 votos a favor y 28 en contra.
El pasado 27 de septiembre, el presidente de la Generalitat, Artur Mas firmó el decreto de convocatoria de la consulta soberanista. Anteriormente el Parlamento de Cataluña aprobó la ley de consultas con 106 votos a favor y 28 en contra.
RT Actualidad
1 octubre 2014
Cataluña suspende la campaña institucional para el referéndum del 9N
La Generalitat de Cataluña ha suspendido la campaña de convocación de una consulta popular sobre la independencia que originalmente estaba prevista para el 9 de noviembre. Decide presentar sus alegaciones ante el Tribunal Constitucional de España.
El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha asegurado que la campaña institucional se ha retirado de forma cautelar y temporal y que "nada se ha terminado". "Hay una situación procesal que no se pasa por alto pero la pretensión es continuar –explicó a la prensa–. Haremos las cosas cumpliendo los compromisos adquiridos y ajustados al derecho".
En una rueda de prensa convocada con motivo de esta decisión, el funcionario calificó de "supersónico" el dictamen del Tribunal Constitucional. Agregó que "a tenor de los propios hechos" está convencido de que la autoridad judicial "actúa de acuerdo con el Gobierno de España".
Anteriormente el pleno del Tribunal Constitucional de España, compuesto por 12 magistrados, suspendió por unanimidad la ley catalana de consultas. Al admitir los recursos presentados por el Gobierno español en contra de la ley catalana, el tribunal dictaminó que la legislación queda suspendida durante cinco meses y da un plazo para que las partes presenten alegaciones.
Por su parte, el Parlamento catalán ha anunciado que recurrirá la decisión judicial del Tribunal Constitucional.
El pasado 27 de septiembre, el presidente de la Generalitat, Artur Mas firmó el decreto de convocatoria de la consulta soberanista. Anteriormente el Parlamento de Cataluña aprobó la ley de consultas con 106 votos a favor y 28 en contra.
De acuerdo con el sondeo Ómnibus realizado por el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (Gobierno de la comunidad autónoma catalana), un 58,8% de los catalanes está "totalmente" o "bastante" de acuerdo con la soberanía de Cataluña, mientras que un 31,9% se muestra en contra.
RT Actualidad
30 septiembre 2014
El Constitucional de España suspende la ley de consultas catalana
El pleno del Tribunal Constitucional de España, compuesto por 12 magistrados, ha suspendido la ley catalana de consultas por unanimidad.
Al admitir los recursos presentados por el Gobierno español en contra de la ley catalana, el tribunal dictaminó que la legislación queda suspendida durante cinco meses y da un plazo para que las partes presenten alegaciones.
Por su parte, el presidente de la comunidad autónoma de Cataluña, Artur Mas, presentó este lunes el 'libro blanco' de la transición nacional que consta de 18 capítulos en los que detalla las medidas que Cataluña debe adoptar en caso de lograr la independencia. En el texto, de unas 1.400 páginas, se plantean cuestiones de seguridad, política social, comercio y bienestar financiero de una Cataluña independiente, así como su integración en la UE y en la comunidad internacional.
Según declaró el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, el plan de Cataluña de celebrar el referéndum "ni por su objeto ni por el procedimiento es compatible con la Constitución".
"Siempre dijimos que esa consulta no se iba a celebrar porque atenta contra la Constitución", afirmó Rajoy tras la reunión del Consejo de Ministros celebrada para aprobar los recursos ante el Tribunal Constitucional contra la ley sobre la consulta prevista en Cataluña el 9 de noviembre.
El pasado 27 de septiembre, Artur Mas firmó el decreto de convocatoria de la consulta soberanista. Anteriormente el Parlamento de Cataluña aprobó la ley de consultas con 106 votos a favor y 28 en contra.
De acuerdo con el sondeo Ómnibus realizado por el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (Gobierno de la comunidad autónoma catalana), un 58,8% de los catalanes está "totalmente" o "bastante" de acuerdo con la soberanía de Cataluña, mientras que un 31,9% se muestra en contra.
RT Actualidad
29 septiembre 2014
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