«Entre los dos primeros órdenes y el tercero, los funcionarios de la administración pública ocupaban una situación particular.
Los órganos de la antigua administración feudal se habían mantenido en parte: habían perdido sus funciones esenciales pero no sus ingresos. Medios muy ventajosos de explotación pública en manos de la nobleza, esas plazas no habían desaparecido en absoluta en la medida en que se convertían en inútiles. Por el contrario: el número de las más lucrativas y superfluas de ellas aumentó en el curso del siglo XVIII, como hemos visto.
Al lado de esas cargas inútiles se habían tenido que crear, sin embargo, otras en la justicia, la policía, las finanzas, cuyo carácter respondía mejor a las condiciones de una monarquía moderna. Se habían instituido cada vez más y los titulares eran nombrados por el rey. Pero al principio habían recibido una remuneración insignificante o nula, y sus ingresos consistían más en derechos a beneficios eventuales, que la población paga a los funcionarios. Esos ingresos crecieron en la medida en que el cargo extendía su impronta; y para los reyes, cuyas necesidades de dinero eran perpetuas, fue un buen negocio no solamente conferir sino, además, vender esas funciones que reportaban tan buenos ingresos. Desde el siglo XV el uso de este sistema comenzó a extenderse y muy pronto devino para los reyes uno de los principales medios para hacer dinero. No solamente los miembros de los comités directores de los cuerpos de los oficios y otras corporaciones, sino también los mismos maestros se convirtieron en funcionarios públicos, que tenían que pagar por su cargo si su corporación no había sido lo bastante rica como para comprar su independencia; se arrebató incluso la autonomías a las ciudades y las funciones y dignidades comunales, a menos que las villas las recompraran a buen precio, fueron transformadas en funciones públicas: naturalmente esos funcionarios extraían sus emolumentos a costa de la población. Pero esto no era suficiente para acabar con la perpetua necesidad financiera de los reyes: se llegaron a crear las funciones más absurdas y las poblaciones estaban obligadas a proveerlas de dones. Así, por ejemplo, en los últimos años de Luis XIV, se instituyeron los siguientes cargos: inspectores de peluquerías, controladores de cerdos y de lechones, contadores de heno, consejeros del rey controladores en los apilamientos de madera, inspectores de mantequilla fresca, de mantequilla salada, etc., etc. De 1701 a 1715, el rey sacó de la venta de nuevos cargos unos ingresos de 542 millones de libras. Poco importaba quién comprase. Los tesoreros-pagadores del ejército compraban los cargos a quienes debían vigilarlos a ellos y, así, se liberaban de todo control.