«Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos sólo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Que las clases dominantes tiemblen ante una Revolución Comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar». (Karl Marx y Friedrich Engels; «Manifiesto del Partido Comunista», 1848)

lunes, 23 de septiembre de 2013

El delito de Desobediencia a la Seguridad Privada en el Código Gallardón

¿Sigue creyendo que la democracia burguesa -expresión de la dictadura de la burguesía- no guarda ninguna similitud con el fascismo? ¿Sigue creyendo que usted es libre? ¿Sigue creyendo que puede llegar a serlo dentro del capitalismo?

El documento:


Levantina de Seguridad, S.L., empresa valenciana de seguridad privada, cuyos efectivos pertenecen a la organización nazi-fascista España 2000, a punto de ser transformada en el brazo armado del nazi-fascismo en Valencia gracias al nuevo Código Penal del criminal Ruiz Gallardón.

Por David Maeztu

En la versión que conocimos del Código Penal a finales del año pasado, y que comenté en otro artículo, contenía muchas medidas destinadas parece que en exclusiva a reprimir acciones de descontento social que se han producido recientemente, se incluía una modificación del delito de resistencia a la autoridad.

El texto propuesto en aquel momento era:

“Los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren gravemente, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses.” 

[El artículo 550 trata de la resistencia activa grave, por lo que este nuevo artículo incluye la resistencia pasiva].

En la versión aprobada por el Gobierno este pasado viernes y que será remitida a las Cortes para su aprobación definitiva, se ha producido un pequeño cambio pero de importantes consecuencias.

El texto aprobado queda así:

“Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.”

Es decir, que se abre la vía para que en el control o represión de determinadas acciones en la calle participen fuerzas de seguridad privada a las que deberá obedecerse con la misma consecuencia que a los funcionarios públicos.

Y atención que no es sólo para el caso de resistencia activa, sino que incluso la resistencia pasiva a un empleado de una empresa de seguridad se considerará atentado.

De aprobarse así el texto, y pocas cosas indican que no lo vaya a ser, se incrementa las posibilidades de actuar de la Seguridad Privada en colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, lo que supone una equiparación en su consideración a efectos de autoridad.

Seguramente veremos empresas de seguridad privada encargadas del control de manifestaciones, lo que también puede suponer de alguna manera una privatización de las funciones de Policía.


“El código Gallardón es una declaración de guerra contra el ciberactivismo”

 “El objetivo de la reforma es crear un nuevo delito de opinión: apoyar en la red la protesta en la calle”. Eso es lo que opina el abogado Carlos Sánchez Almeida del anteproyecto de reforma del Código Penal español, cuyas líneas generales presentó el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el viernes pasado al Consejo de Ministros. Acérrimo y reconocido defensor de la libertad en Internet y tuitero mordaz y compulsivo (@bufetalmeida, casi 13.000 seguidores), Sánchez Almeida interpreta el código Gallardón como “una declaración de guerra contra el ciberactivismo”. Así lo escribió ayer en un artículo en eldiario.es (“Código Penal Gallardón: la criminalización de la resistencia social“). Lo he leído hoy, me ha interesado mucho su análisis y hemos sostenido esta -acelerada- entrevista vía email, con toda la agilidad y todas las limitaciones que eso supone. Aquí está el anteproyecto en cuestión, del 16 de julio, que Carlos ha rescatado del departamento de Derecho Penal de la UB al no encontrarlo en la web del ministerio. Merece una especial atención el artículo 559, que castiga con penas de prisión y multas la “difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión” de delitos de alteración del orden público o “sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo”.


Dices que la reforma es “una declaración de guerra contra el ciberactivismo”. O sea, ¿contra el 15M y su capacidad de movilización en red? ¿Es ese el objetivo?

Si por algo ha destacado el movimiento 15m es por su capacidad de provocar movilizaciones callejeras desde la red. Y eso es lo que se pretende prohibir.


¿Puedes poner unos cuantos ejemplos recientes de lo que supondría “difundir un mensaje o consigna que inciten” a alterar el orden público?

El problema es que no sólo se pretende criminalizar el hecho de incitar, sino incluso las consignas que “refuercen la decisión de llevar a cabo” desórdenes. Es un margen muy amplio, que permitiría criminalizar a quien jalee una convocatoria espontánea en la Puerta del Sol o en Plaza Catalunya haciendo sonar cacerolas para protestar contra los recortes en derechos fundamentales. 


Por poner un ejemplo: ¿llamar a participar en el #25S o difundir un cartel de “Rodea el Congreso” sería “incitar” al desorden público?

Todo dependerá de lo que se considere desorden público por parte de la policía, y lo que se considere “reforzar la decisión de llevar a cabo” tales concentraciones u otras parecidas. Téngase en cuenta, no obstante, que la reforma sólo será aplicable una vez aprobada por el Congreso, nunca con carácter retroactivo.


¿Anunciar en Twitter la intención de participar en el #25S podría interpretarse como “reforzar la decisión de llevarlos a cabo”?

Toda norma admite distintas interpretaciones. Desde la perspectiva de los derechos humanos, se deben interpretar “in dubio, pro libertas”, en caso de duda, siempre a favor de los derechos fundamentales. El problema es que la Delegación del Gobierno de Madrid interpreta siempre las leyes desde el punto de vista más restrictivo de derechos posible.


¿Serían susceptibles de ser perseguidos los + de 46.000 ciudadanos que han apoyado la convocatoria de ocupa el congreso en FB?

A mi juicio no: sería una aberración perseguir penalmente a alguien por pulsar un botón con la leyenda “Me gusta”, o “Acudiré”. El proyectado artículo 559 exige una conducta más activa a favor de los desórdenes públicos.


He leído en Público que bastaría con que se lance un mensaje que “incite” o “refuerce la intención de” aunque luego no se concrete el acto violento en cuestión. ¿Interpretas también así el texto?

Sí, se configura como un “delito de riesgo”, como por ejemplo la conducción temeraria: no es necesario atropellar a alguien para cometer el delito, el delito es independiente del resultado. En el caso del proyectado artículo 559, bastaría jalear los desórdenes, aunque estos no se produzcan.


Me recuerda a “Minority Report” ¿Te parece apropiado el símil?

Sí, resulta apropiado, como también el “crimental” de la neolengua de 1984: http://es.wikipedia.org/wiki/Neolengua


O sea, crimen del pensamiento. ¿Te refieres pues a que la intención sería eliminar la expresión de la resistencia/crítica social para desactivarla?

Sí, el objetivo de la reforma es crear un nuevo delito de opinión, apoyar en la red la protesta en la calle. Que la gente tenga miedo de expresarse libremente en Twitter, crear una sensación de “Redes rigurosamente vigiladas”.


Afirmas también que la “resistencia pasiva” puede ser criminalizada y aludes a los Iaioflautas como ejemplo. ¿Puedes explicarlo mejor?

Si comparamos el redactado actual del Código con el proyecto, podemos observar que en los actuales artículos 550 aparecen las palabras “resistencia activa”, que desaparecen en el nuevo redactado. En la comunicación publicada por el Gobierno, se indica textualmente, que “la acción de resistencia meramente pasiva que, junto a la desobediencia, se mantiene, como hasta ahora, penada con entre seis meses y un año de cárcel”. Pues bien, el actual artículo 556 habla de resistencia a secas, a diferencia del 550, que habla de “resistencia activa”. Está clara la intención del gobierno: tabla rasa, y criminalizar toda resistencia, sea activa o pasiva.


Según recogieron algunos medios, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dijo en abril pasado -cuando avanzó el proyecto- que se consideraría como “delito de integración en organización criminal” convocar por Internet movilizaciones “violentas” o que “alteren gravemente el orden público”. ¿Está recogido así en el anteproyecto que has analizado?

El delito de integración en organización criminal ya se está aplicando actualmente, por ejemplo en el caso de Anonymous, o incluso en casos de delitos contra la propiedad intelectual a través de internet. Es evidente que lo van a aplicar a todo tipo de movilizaciones sociales.


Diario Octubre


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