«Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos sólo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Que las clases dominantes tiemblen ante una Revolución Comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar». (Karl Marx y Friedrich Engels; «Manifiesto del Partido Comunista», 1848)

viernes, 28 de septiembre de 2012

El régimen español no sabe contar...



La Delegación del Gobierno de Madrid cifró en 6.000 las personas congregadas el 25-S en la madrileña plaza de Neptuno con motivo de las protestas del 25-S. Bastaron un par de minutos para que las redes sociales reaccionasen. Las cifras parecían difíciles de creer observando las imágenes que mostraban una gran aglomeración de gente en la que no cabía ni un alfiler.

Justo tres años antes, el 27 de septiembre del 2009, se informaba desde la organización del Día de la Corazonada que 900.000 personas se había reunido en el mosaico a favor de las Olimpiadas de Madrid 2016 que tiñó de colores la vecina plaza de Cibeles. El delegado de seguridad y movilidad del Ayuntamiento de Madrid indicó entonces que habían sido 400.000. Un montaje, que compara dos fotografías de ambos acontecimientos casi idénticas, ha recorrido en los dos últimos días las redes sociales poniendo en evidencia el baile de cifras al que nos tienen acostumbrados los organismos oficiales.


Insurgente

miércoles, 5 de septiembre de 2012

Brasil: golpe de timón hacia el sector privado

El Partido de los Trabajadores  (PT) al frente de Brasil –primero con Lula y luego con Dilma– nunca se ha comportado como un gobierno de orientación de izquierda, sino y fundamentalmente como socialdemócrata en el mejor de los casos, y en última instancia en un revalidador del neoliberalismo por la forma de entender el crecimiento económico y el desarrollo al interior y al exterior. De hecho, el programa económico dedicado a fortalecer el área privada del estado es solo eso, una vuelta a las tesis del libre mercado y la privatización propias del neoliberalismo que en otro tiempo hizo suya la económica brasileña.

La crisis económica global ha venido a evidenciar la dependencia estructural de la ya cuarta economía mundial de las exportaciones al mundo desarrollado; fundamentalmente en lo referente a materias primas, puesto que como es sabido el producto semi-elaborados, elaborado y/o con carga tecnológica, tienen como destino a los miembros del MECOSUR fundamentalmente. Entiéndase que la estimulación economía de la empresa privada como motor de desarrollo hará que las diferencias sociales sigan profundizándose. Con el agravante de que Brasil carece de un mercado interno con un buen nivel adquisitivo que dinamice su economía al margen de las necesidades exportadoras.

La vuelta a la privatización y estimulación del sector privado tiene otro indeseable añadido, y es que la mayoría de las empresas privadas tienen como accionistas a transnacionales cuya matriz está en los países industrializados, en cuanto es una puerta para que estas usufructúen el endeble mercado doméstico de la Patria Grande al que accederán por los proyectos económicos de integración regional.

El documento:


Las millonarias inversiones en infraestructura decididas por el gobierno de Dilma Rousseff para ser traspasadas a la gestión privada, son la principal apuesta de Brasil para salir del estancamiento y retomar la senda del crecimiento.

“¡Cayó la ficha!”, exclamó el economista Antonio Delfim Netto, ex ministro de Hacienda de la dictadura brasileña. “Cuando la incertidumbre sobre el futuro es absoluta, cuando el pasado no contiene la información sobre el futuro, sólo una acción decidida y fuerte del Estado, como la que estamos viendo, puede poner en marcha al sector privado y a la economía. Esa acción, correcta y creíble, es capaz de anticipar la esperanza” (Valor, 21 de agosto de 2012).

De ese modo saludó el economista conservador el Programa de Inversiones en Logística anunciado por Dilma Rousseff el 15 de agosto ante decenas de empresarios que esperaban una señal del gobierno para colocar sus dineros en obras con retornos económicos asegurados por el Estado. El programa supone concesiones a las empresas privadas luego de invertir 40 mil millones de dólares en los próximos cinco años para construir 5.700 kilómetros de autopistas y 10.000 de vías férreas. Sólo en esos rubros el programa prevé 65 mil millones de dólares en 30 años.

En los próximos doce meses el gobierno se propuso concesionar a la esfera privada doce ferrovías y nueve autopistas y en un futuro cercano se dispone a extender la misma modalidad a puertos y aeropuertos. Las concesiones bajo el modelo de asociación público-privada implican que las empresas construyen y operan las nuevas obras.

La gran novedad fue la creación de la Empresa de Planificación en Logística que se encargará de la integración de los proyectos de infraestructura y de supervisar las obras. Dilma aseguró que se trata de disminuir los costos de transporte y energía para asegurar que Brasil crezca a una tasa elevada durante un largo período. “Eso es fundamental para garantizar el empleo”, concluyó la presidenta (Folha de São Paulo, 16 de agosto de 2012).

La crisis como trasfondo

Mientras el programa fue recibido con euforia por un amplio sector de empresarios, pero también por las dos mayores centrales sindicales, los intelectuales opositores y algunos núcleos sindicales consideraron las concesiones como un retorno a las privatizaciones. El Partido Socialdemócrata de Fernando Henrique Cardoso, el gran privatizador de la década de 1990, se permitió ironizar al “lamentar el retraso” del gobierno en seguir su ejemplo (Folha de São Paulo, 16 de agosto de 20120.

Dilma modificó proyecto político a comienzos de este año al comprobar que Brasil está siendo duramente afectado por la crisis mundial que se traduce en el estancamiento productivo. En 2011 el PIB creció un modesto 2,7 por ciento. El gobierno confiaba en una pronta recuperación ya que los ingresos de la población seguían creciendo y las tasas de interés bajaban. Nada de eso sucedió. En el primer semestre de 2012 el crecimiento fue nulo y 2012 cerrará con un PIB por debajo del 2 por ciento. Una potencia emergente como Brasil necesita un piso del 5 por ciento anual, como apuntó la presidenta.

En tres viajes realizados entre marzo y abril, Dilma pudo palpar el hondo pesimismo que recorre el mundo. En marzo durante su visita a Alemania conversó con Angela Merkel, quien le confirmó que la política de austeridad de la Unión Europea se extenderá por lo menos hasta fines de 2013 y que el euro no volverá a su situación “normal” antes de tres años (Valor, 17 de agosto de 2012).

A fines de ese mes en la cumbre de los BRICS realizada en Nueva Delhi, conversó con el presidente chino Hu Jintao, que le advirtió sobre la desaceleración de la economía de su país que comenzaba a la vez un cambio en el modelo de crecimiento centrado en las exportaciones hacia otro volcado al mercado interno. Jintao anunció a Dilma que China comprará menos mineral de hierro y más soja y proteínas animales.

En abril la presidenta se entrevistó en Washington con Barack Obama quien le aseguró que la recuperación económica de Estados Unidos es mucho más frágil de lo previsto y que ese aspecto le está creando grandes dificultades para su reelección.

El mal humor global llevó al gobierno a estimular la economía con medidas para reducir la tasa de interés, estimular el consumo y proteger industria ante la avalancha de productos chinos. El Banco Central dejó desvalorizar el real que pasó de un promedio de 1,70 por dólar a los dos reales actuales. Todas esas medidas estaban destinadas a hacer más competitivo al sector industrial.

Por otro lado, se constató que el luego de seis años de aprobado el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) no marcha al ritmo deseado, que hay un retraso de 150 mil millones de dólares en inversiones en infraestructura y que Brasil destina el 19 por ciento del PIB a inversiones cuando debería alcanzar el 25 por ciento, según Jorge Gerdau, uno de los más importantes empresarios de Brasil y coordinador de la Cámara de Políticas de Gestión del Gobierno Federal (Brasil Económico, 15 de agosto de 2012).

Convencida por el núcleo de empresarios y banqueros que la asesoran de que es imprescindible reducir los costos de producción y de que “sin el empresariado no hay dinero para infraestructura”, como dijo Gerdau, Dilma cedió las inversiones de largo plazo al sector privado para que los dueños del dinero vuelvan a la economía real. Eso sí, el 80 por ciento de los desembolsos los realizará el estatal BNDES.

Cambio de modelo

Las concesiones/privatizaciones de autopistas y ferrovías van de la mano de otras medidas del mismo signo. Reducciones en las jubilaciones de los funcionarios, creación de un fondo de pensiones de los funcionarios federales, privatización de los tres mayores aeropuertos del país y congelación de los salarios públicos, son parte del mismo paquete.

Sorprende que el programa anunciado haya sido apoyado tanto por empresarios como por sindicalistas. Eike Batista, considerado por Forbes el hombre más rico de América del Sur con una fortuna del 30 mil millones de dólares, dijo que la propuesta “demoró” pero consideró que “es un modelo muy feliz”. A la hora de detallar los efectos del plan, fue muy preciso: “Si se baja el costo de la emergía, que es uno de los elementos del programa, porque Brasil tiene una de las emergías más caras del mundo, usted pasa a ser más competitivo” (Folha de São Paulo, 16 de agosto de 2012).

Tanto la CUT como Força Sindical, ambas cercanas al gobierno, se mostraron satisfechas. La primera reclamó “contrapartidas sociales” y la segunda esbozó un discurso ideológico: “La presidenta está acompañando los cambios en el mundo. Está viendo que tiene necesidad de incluir al capital privado cada vez más en la economía”, dijo Miguel Torres, presidente de Força Sindical (Agencia Brasil, 15 de agosto de 2012). El ex presidente Lula hizo gala de su pragmatismo para defender el programa de Dilma: “A fin de cuentas, el pueblo muchas veces no quiere saber si el que hace es el Estado o la iniciativa privada. Lo que quiere son beneficios” (Folha de São Paulo, 16 de agosto de 2012).

Cabe preguntarse dónde irán los “beneficios” de este viraje hacia el sector privado. Una pista puede darla la reciente privatización del 51 por ciento de los tres principales aeropuertos del país: Guarulhos, el mayor, fue adjudicado por 8 mil millones de dólares a un consorcio liderado por Invepar, integrado por los tres mayores fondos de pensiones (Previ, Petros y Funcef, de los empleados del Banco do Brasil, Petrobras y la Caja Federal). Viracopos, en Campinas, el segundo mayor, fue entregado a Engevix, donde Funcef tiene importante presencia.

Invepar ya administra seis autopistas y el metro de Rio de Janeiro. No es un secreto que los fondos de pensiones de las grandes estatales, que controlan varias multinacionales brasileñas y están dirigidos por sindicalistas, obtendrán una tajada en las concesiones de carreteras, ferrovías, puertos y aeropuertos. En sociedad con grandes empresarios como Gerdau, Odebrecht y otras constructores que forman la parte superior de esa peculiar pirámide llamada “lulismo”.

Algunos analistas sostienen que Dilma tiene prisa por retomar el crecimiento. No se trata sólo de las elecciones municipales y estatales de octubre sino de su particular lectura del momento que atraviesa el mundo. Su principal preocupación sería “la capacidad de Brasil de competir en condiciones de igualdad, de aquí a unos años, con los países emergentes y también con los ricos, que en su opinión saldrán de la crisis actual más fuertes y competitivos” (Valor, 17 de agosto de 2012).

Sin embargo, la actual alianza sindical-empresarial es bien diferente a la que se gestó hace medio siglo bajo Getúlio Vargas, de la cual nacieron las grandes empresas estatales. Ahora se trata de una sociedad entre dos sectores empresariales, los dueños y los administradores del capital, bendecidos y protegidos por el Estado emergente. Un proceso no muy distinto al que viven los demás BRICS. Hasta el conservador Delfim Netto defiende un “Estado fuerte” para promover el crecimiento.

Raúl Zibechi
Alai-Amlatina / Tercera Información

lunes, 3 de septiembre de 2012

¿Recuerdan Plasmaféresis?


Albúmina humana al 20 por ciento, un frasco cada ocho horas. Así puede estar indicado como parte del tratamiento de un enfermo grave... Mas la cualidad de ese producto farmacéutico no es fortuita. La albúmina es obtenida de la sangre de personas deseosas de ayudar a sus semejantes, por lo que resulta absurdo poner precio a ese recurso vital que hasta hoy es irreemplazable.

Aunque el universo de la sangre suele estar relacionado con el altruismo y muchas otras manifestaciones de virtud, hay, sin embargo, sombríos pasajes de la historia que jamás deben ser olvidados.

Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial existían conocimientos básicos que permitieron el desarrollo de una industria global de la sangre, liderada por Estados Unidos. Ya se podía obtener el plasma (plasmaféresis), almacenarlo y separarle la albúmina, las gammaglobulinas (anticuerpos) y algunos factores de la coagulación. Estos productos fueron descifrados por los «mercaderes chupasangre» como una importante fuente de riquezas mediante la explotación.

La era de los usureros

Un pequeño grupo de empresas farmacéuticas logró dominar el negocio. Inicialmente se fundaron factorías de plasma en barrios pobres de Estados Unidos, con el fin de obtener sangre de sus habitantes, a quienes pagaban por cada donación una cifra absurda.

Pero con el tiempo la materia prima empezó a escasear y los negociantes se vieron obligados a importar plasma de países subdesarrollados.

El primer centro que llamó la atención fue Hemo Caribbean, montado en Puerto Príncipe, capital de Haití. Su fundador fue Joseph B. Gorinstein, un corredor de bolsa de Miami asociado al temido ministro haitiano del Interior y Defensa de aquel entonces, Lucker Cambronne. Juntos lograron exportar hasta 6 000 litros mensuales a empresas norteamericanas, alemanas y suecas.

El estado de los que vendían su sangre por tres dólares el litro -equivalente al triple del jornal medio- era deplorable. Muchos padecían enfermedades como tuberculosis, tétanos, afecciones gastrointestinales y desnutrición.

Tanto fue el descalabro que se optó por cerrar la corporación poco antes de cumplir dos de los diez años de concesión.

Aunque esta pretensión de obtener plasma fue un fracaso, no se desistió de tal propósito. En otros países pobres había personas dispuestas a vender su sangre debido a las extremas necesidades que sufrían.

Así, a lo largo de los años entidades norteamericanas adquirieron plasma de más de media docena de naciones, entre las cuales estaban México, Belice, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Colombia y Nicaragua. Los negocios siempre eran montados por personajes siniestros, expertos en sobornos y otros asuntos mercantilistas.

Compañía Nicaragüense de Plasmaféresis S.A.

Nicaragua fue uno de los países tristemente convertido en escenario para el negocio de la sangre. Managua, su capital, había quedado en ruinas como consecuencia del terremoto de 1972. A esa desgracia natural se sumaba la presencia del dictador Anastasio Somoza Debayle.

Gran parte de los nativos de ese país sufrían los azotes de la extrema pobreza, el analfabetismo, las enfermedades y la desnutrición.

En el paisaje desolador de la capital desentonaba la pulcritud de algunas construcciones, entre estas, un trío de edificios que lucían un color blanco inmaculado. Un muro alto rodeaba las tres edificaciones, de modo que solo era posible entrar a través de una puerta muy vigilada. Hasta allí acudían las personas desesperadas por vender su plasma.

Denominada Compañía nicaragüense de plasmaféresis S.A., el centro era propiedad de un tal Pedro Ramos Quirós -cubano desafecto de la Revolución-, quien había arrendado el lugar a la familia Somoza.

Por un tiempo ese fue el mayor centro de la «sangre» del mundo, y en su momento de esplendor productivo llegó a recoger diariamente plasma procedente de un millar de personas.

A pesar de ser moderno y limpio, y de proporcionar a los donantes comida gratuita y dinero, muchos le hacían justicia al lugar y lo llamaban «la Casa de los vampiros». Hasta ese paraje llegaban, en cualquiera de las 24 horas del día, los pobres e indigentes para vender su plasma por cinco a siete dólares el litro.

Luego, el producto obtenido se congelaba y se revendía a las empresas farmacéuticas de Europa y Estados Unidos a un precio cinco veces superior.

Pero un incidente permitió descubrir la barbarie que se vivía en el interior del terrible sitio. En 1977 una mujer denunció la desaparición de su hijo, el joven Mario Salazar Marqués. Él le había dicho que iría a vender su plasma, algo que había hecho también el mes anterior.

Cuando la desesperada madre acudió al centro para indagar por la suerte del muchacho, algunos le afirmaron que lo habían visto. No obstante, nadie pudo aclarar lo que en realidad sucedió, y hubo quien le contó que se había desvanecido.

La señora se aterró. Mario le había contado que algunos sufrían desmayos y eran cubiertos con una sábana verde, trasladados luego al sótano y desaparecían para siempre. El hecho llamó la atención de reporteros, y fue así que afloraron denuncias donde se hablaba de malos tratos y golpizas.

En 1978 la población no resistió tanta ignominia, y el mismo día en que se velaba el cuerpo sin vida de un periodista asesinado por haber denunciado la oscura entidad, una multitud irrumpió en los edificios blancos, destrozó las instalaciones y provocó incendios; mientras, Pedro Ramos huía a Miami, donde encontró protección.

Historias similares ocurrieron en otros países. Las críticas fueron unánimes hasta que las «fábricas vampiras» desaparecieron, al menos hasta donde se conoce. De esos vórtices de explotación, de tráfico peligroso, escandaloso e inhumano, el escritor uruguayo Eduardo Galeano dijo cuando estos fueron desmantelados, que habían quedado «enterrados en algún lugar más oscuro que la noche, con una estaca clavada en el corazón».

Julio César Hernández Perera
Diario Juventud Rebelde / La Primerísima

sábado, 1 de septiembre de 2012

Sudáfrica recurre a ley del apartheid para imputar a mineros en masacre cometida por la policía

Centenares de trabajadores en huelga de la mina de Marikana, que el pasado 16 de agosto sobrevivieron a una matanza a manos de la policía, han sido acusados este viernes por el asesinato de 34 de sus compañeros que murieron por los disparos de los agentes.


La Fiscalía sudafricana se ha valido de una ley del régimen racista del ‘Apartheid’ para presentar cargos de asesinato contra 270 mineros detenidos por su participación en la huelga y las protestas en demanda de un aumento salarial el pasado 16 de agosto, durante las cuales se produjo la matanza de obreros.

“Los 270 mineros han sido acusados de asesinato porque provocaron a la policía, a sabiendas de que podría haber muertos”, afirmó la Fiscalía.

La Fiscalía ya había adelantado el jueves que los detenidos podían afrontar cargos de asesinato en virtud de una ley sudafricana que establece que quienes contribuyan a episodios violentos contra la Policía pueden ser responsabilizados de los daños y pérdidas de vidas resultantes de estos actos.

La ley data de la época de 1959, cuando imperaba el “apartheid”, el régimen de segregación racial impuesto por la minoría blanca en Sudáfrica hasta 1994.

La defensa pide la libertad inmediata de los mineros

Los abogados de los 270 detenidos reclamaron la puesta en libertad inmediata de los mineros.

Julius Malema, expresidente de las Juventudes del gubernamental Congreso Nacional Africano (CNA), ha calificado la acusación presentada por la Fiscalía de “locura”, y aseguró que son los policías que dispararon contra los mineros quienes debían ser encausados.

“Los policías que mataron a estas personas no están detenidos, ni uno solo de ellos. Es un sinsentido”, afirmó Malema a la salida de los juzgados.

Un total de 259 mineros fueron arrestados después de que la Policía abriera fuego el pasado 16 de agosto contra un grupo de huelguistas.

Otros 11 mineros que resultaron heridos durante los disturbios fueron arrestados tras recibir el alta del hospital.

Los mineros se encuentran en huelga desde el 10 de agosto en la mina de platino de la empresa británica Lonmin, en Marikana.

LibreRed